(artículo publicado en El Mundo el 19 de febrero de 2012)

El 7 de noviembre de 2010, UPyD registró una iniciativa parlamentaria para interpelar al lehendakari sobre los propósitos del Gobierno Vasco para impulsar la modificación de la Ley de Territorios Históricos y, por ese camino, racionalizar el disparatado entramado institucional vasco. El lehendakari me respondió que “lo verdaderamente importante no es que ahora, porque sí, empecemos a poner en cuestión nuestras instituciones y nuestro modelo institucional” sino “evitar duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios”. El 9 de diciembre de 2010, registramos una moción solicitando al Gobierno la inclusión en el calendario legislativo del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Territorios Históricos, al objeto de eliminar las duplicidades y las ineficiencias existentes en Euskadi. Los foralistas de toda la vida, es decir, PNV y PP, así como los que tienen el miedo foral metido en el cuerpo, esto es, el Partido Socialista, votaron en contra. Y eso que tal propósito está incluido en el incumplido programa socialista. Sea como fuere, en aquel debate se acordó instar al Gobierno a elaborar un informe que analizara las duplicidades en las que incurren las Administraciones Públicas Vascas. Y tal informe es el que pudimos conocer hace unos meses: 403 millones de euros el coste anual de la broma. El propio Lehendakari explicó que el coste sería mucho mayor. Al fin y al cabo, el informe no había podido analizar el conjunto de las instituciones (ya saben, las diputaciones no colaboraron) ni todas las políticas públicas. (Por cierto, ¿dónde están y quiénes son los responsables de este dispendio de dinero público?)

A partir de ese informe, se acordó en el Parlamento Vasco la constitución de una Comisión de estudio sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco. El dictamen será debatido en Pleno. Nosotros ya sabemos qué tipo de arquitectura institucional necesitamos: aquella que mejor sirva a los intereses de los ciudadanos, la más eficaz, la más eficiente y la más igualitaria. Es decir, creemos que ya hay razones sobradamente conocidas y suficientes para modificar la Ley de Territorios Históricos y reformar a fondo el entramado. No es razonable que una Comunidad Autónoma como la vasca, con apenas dos millones de habitantes, tenga nada más y nada menos que cuatro parlamentos y tres haciendas forales. No es coherente que, en pleno siglo XXI y mientras se demuestra imprescindible una política fiscal común para el conjunto de la zona euro, tengamos aquí tres políticas fiscales distintas, una por cada territorio, y el absurdo resultante: el hecho que los vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico donde residamos. No es entendible que Euskadi no tenga un Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal porque cada vez que se propone aparece el diputado general de turno bramando que la competencia de lucha contra el fraude es suya y sólo suya. Podemos crear tantas comisiones y ponencias como sus señorías propongan. Podemos hacer como que no conocemos el problema y seguir dando largas a las soluciones del mismo. Podemos calcular electoralmente si esto de denunciar este disparate nos da más o menos votos. La pregunta es si existe voluntad política para cambiar las cosas y superar el conservadurismo de los inmovilistas.

Parafraseando la famosa frase de James Carville, el estratega de Bill Clinton, podríamos decir que “es el sistema, estúpidos”, ése es el problema. Es el propio entramado institucional vasco el que falla clamorosamente. Porque, lo que dice el estudio ya lo sabíamos. Insisto: el asunto es si existe voluntad política para cambiar las cosas. Y nosotros tenemos voluntad y una propuesta a discutir sobre el asunto. No basta mejorar la coordinación entre las administraciones. Es necesario reformar la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la Ley de Territorios Históricos. Debemos alcanzar una nueva distribución competencial y, en todo caso, clarificarla. Debemos modernizarnos. No es sólo que a nuestras administraciones les sobre grasa, sino que sobran administraciones. Las Diputaciones Forales deben ser suprimidas. Del mismo modo que no podemos tener tres de todo, tampoco podemos tener, porque no los necesitamos, nada menos que tres parlamentos forales que además hagan oposición y competencia al Gobierno Vasco. Ni la oscura red clientelar de organismos públicos que nos chupan la sangre para el beneficio de unos pocos. Y necesitamos una Ley Municipal que sitúe a los ayuntamientos en el lugar que les corresponde, con competencias claras y autosuficiencia financiera. Mal que les pese a los conservadores, nuestro entramado institucional no es intocable: a los ciudadanos del siglo XXI nos toca cambiarlo. Me decía el lehendakari el pasado día 7 de noviembre de 2010 que “lo verdaderamente importante no es que ahora, porque sí, empecemos a poner en cuestión nuestras instituciones y nuestro modelo institucional” sino “evitar duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios”. No es “porque sí”, señor Lehendakari. El modelo es inviable. Ahora hay que dar los pasos necesarios para reformarlo a fondo con un objetivo fundamental: servir mejor y de manera más igualitaria a los ciudadanos.

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