(Tristes) desvaríos lingüísticos.

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A Mikel Basabe, parlamentario de Aralar, le ha producido una pena inmensa la propuesta de UPyD que trata de modificar la configuración del Consejo Asesor del Euskera, ese organismo cuya misión principal es la de asesorar al Gobierno Vasco respecto de la política lingüística a aplicar sobre (y a veces contra) los ciudadanos vascos. A Mikel Basabe, todo hay que decirlo, le producen una pena inmensa todas aquellas propuestas que pongan en cuestión las políticas de imposición lingüística que históricamente se han aplicado en Euskadi y, en concreto, aquellas iniciativas que él considera no van en la línea de construir una sociedad compuesta de ciudadanos obligatoriamente vascoparlantes. A menudo, por tanto, y producto de esa ceguera del que no ve más allá de sus propios intereses, despacha con argumentación escasa iniciativas que tratan de solucionar problemas o disfunciones… y procuran paliar sufrimientos gratuitos que se infringen contra los ciudadanos. La propuesta a la que él se refiere en su artículo «Lobotomías en Osakidetza», consiste en solicitar al Gobierno Vasco que garantice que, entre los vocales a los que tiene derecho a nombrar la consejera de Cultura de entre personalidades de reconocido prestigio para formar parte del Pleno del Consejo Asesor, haya al menos tantos monolingües en castellano como bilingües. Es decir, y superando las manipulaciones que utiliza Basabe en su escrito, que al menos la mitad de sus miembros no sepa euskera. ¿Para qué? Para que en dicho órgano estén representados los sujetos pacientes de la política lingüística, es decir, los monolingües, aquellos que no saben euskera y que sufrirán en sus carnes las políticas que se apliquen. Esto es, que tenga presencia en dicho órgano el punto de vista del monolingüe en castellano. Porque resulta que, a día de hoy, los que asesoran políticas concretas no forman parte de la ciudadanía que las sufre y, en cambio, quienes sí las padecen (o las disfrutan) no tienen ni voz ni voto en dicho Consejo. Y ello a pesar de que esa parte de la ciudadanía es mayoritaria. Ésta es la iniciativa parlamentaria que atormenta estos días al señor Basabe y que a UPyD llena de orgullo.

Más triste nos parece, sin embargo, que el Parlamento Vasco, incluidos los socialistas, haya rechazado la última iniciativa planteada por nuestro grupo en el Parlamento Vasco, relacionada con la política lingüística. Algo sencillo de entender, incluso para los que miran para otro lado: que a los que no tienen competencias lingüísticas en euskera se les permita tener acceso a las listas de sustituciones de personal docente no universitario, siempre que sea para impartir clases de asignaturas donde el euskera no sea necesario. Y que se les permita tener acceso en igualdad de condiciones que a los euskaldunes. Por ejemplo, para dar clase de geografía en castellano. Una monstruosidad para los nacionalistas de toda la vida y para los nacionalistas sobrevenidos que nos gobiernan, pero de sentido común para quien todavía no ha sido inoculado por el virus del sectarismo y las obsesiones lingüísticas. Y para quienes defendemos, contra viento y marea, el discurso de la ciudadanía. Porque, ¿necesita un profesor de lengua castellana saber euskera para impartir sus clases? ¿Necesita un profesor de historia saber euskera para impartir su asignatura en castellano? ¿Necesita un profesor de ciencias naturales que imparte sus clases en inglés saber euskera? Según cualquiera que tenga sentido común, no. Para el actual gobierno (y el señor Basabe), sí. Tal como están ahora las cosas, sólo como último recurso, es decir, cuando no hay otro, se les permite tener acceso a las listas y ser contratados. De modo que se relega a muchos ciudadanos a ejercer su oficio de forma vergonzante, a ser un mero “último recurso”. Así, aparte de producirse injusticas flagrantes (lo vean o no quienes miran para otro lado), la enseñanza pública pierde excelentes profesionales que, o se tienen que ir de Euskadi, o no pueden venir a desarrollar su labor. Quizá sea esto último lo que se pretende. Y se rechaza, por la vía de los hechos y de la imposición lingüística, habilitar una política más abierta y razonable, una política que fomente un bilingüismo amable y voluntario, una política que trate a los ciudadanos como ciudadanos y no como utensilios al servicio del sistema o del idioma. Esto sí es realmente triste: que la política lingüística (y la cultural y la educativa) no hayan sufrido cambios relevantes desde el cambio de gobierno, por razones electorales y por el miedo reverencial que los sobrevenidos tienen al conjunto del nacionalismo. Esto sí que es triste: comprobar cómo una mayoría de representantes políticos obvia los obstáculos que gratuitamente se imponen a los ciudadanos. Y todavía más triste es que se pretenda tildar de enemigo del euskera a quien señala y pretende corregir estos desvaríos.