15.000 ó 20.000 millones de €.

Ésta es la cuantía que se calcula nos hemos gastado (¿hemos invertido?) los ciudadanos vascos en impulsar el uso del euskera en nuestra Comunidad y fuera de ella en los últimos 25 años. Es un dato que quiero confirmar después de que algún oyente lo diera totalmente por erróneo tras el acto celebrado por UPyD en Vitoria donde dije tal cosa. Entre 15.000 y 20.000 millones de euros destinados de nuestros recursos financieros (Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos) al objeto de «normalizar» el uso del euskera… y que por cierto se ha saldado con un rotundo fracaso. Hoy mismo nos lo ha dicho la directora de un colegio público de San Sebastián adonde nos hemos acercado para prematricular a nuestra hija: «crea cierta frustración comprobar que el euskera que aprenden los niños no se usa en la calle». Y yo qué quiere que le diga, he estado a punto de preguntarle: al final, se confirma que los idiomas son vehículos para la comunicación entre seres humanos, y se usa aquel que nos sirve mejor a tal objetivo. Y además, los niños no son malévolos políticos que aplican determinadas políticas para su propia conveniencia o para la configuración de una sociedad a su medida sino que se comportan de una forma más natural (y creo que igual ocurre con una mayoría de ciudadanos). Es por esto, seguramente, que el uso real del euskera ni crece ni mucho menos se multiplica, sino que mantiene su espacio: en determinados lugares, para determinadas conversaciones, entre determinadas personas. Y esto no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Lo que sí es malo malísimo son las políticas lingüísticas discriminatorias que se siguen aplicando todavía hoy en Euskadi. Esto sí que debe corregirse y denunciarse todos los días del año, a todas horas y en todos los lugares. Y luego está el dato concreto arriba señalado: un montante lo suficientemente importante como para al menos preguntarnos: ¿ha merecido la pena? O ni siquiera para preguntarnos nada. La información, a secas, es valor fundamental en la democracia. Y los ciudadanos deben conocer este dato y sacar sus propias conclusiones.

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