Los males del Estado.

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Hay dos razones fundamentales por las que la gobernabilidad del país, los presupuestos generales del Estado y hasta el sistema autonómico español e incluso la presidencia del gobierno dependen de las reivindicaciones localistas, regionalistas y nacionalistas defendidas por partidos y gentes que no creen en el Estado y que incluso pretenden finiquitarlo para alcanzar la independencia subvencionada: por un lado, el hecho cierto y comprobado de que tanto el PSOE como el PP han dejado de ser partidos nacionales para convertirse en partidores de la nación, han dejado de tener visión de Estado para tener visión exclusivamente demoscópica y han dejado de defender los intereses generales de los ciudadanos para defender sus intereses partidarios; y, por otro lado, algo que habitualmente se olvida: una injusta ley electoral que tanto los unos como los otros evitan a toda costa modificar y que beneficia el estatu quo vigente, el estado actual de cosas, la partidocracia que padecemos, el inmovilismo rancio de derecha e izquierda y la continuidad de la nadería política e ideológica. Una injusta ley electoral que convierte a los partidos nacionalistas en fundamentales, jueces y parte, veladores del futuro del país y de las políticas más fundamentales que se apliquen, inclusive la aprobación de unos presupuestos que utilizan para seguir sacando tajada política y romper la menguante solidaridad ciudadana. Éste es el drama al que nos enfrentamos: los grandes partidos tomando alternativamente las decisiones equivocadas para beneficar a una minoría creciente y evitar aplicar, postergando indefinidamente, las reformas necesarias para salvar al menos in extremis el proyecto común recogido en la Constitución Española. Quien pacta con los nacionalistas la ruptura del Estado o de la Caja Única es tan culpable como quien evita modificar la actual ley electoral… tal como clama en el desierto el Consejo de Estado. Y ambos partidos son responsables.