Estos son perfectamente legales y dependen del gobierno. Son decisiones políticas que pueden tomarse o no, en función de lo que nos diga el sentido común y el interés general. Yo soy firme partidario de concederlos cuando de su concesión vamos a salir todos beneficiados. Tanto la política de beneficios penitenciarios como la política penitenciaria liderada por el gobierno central que decide la ubicación de los diferentes presos etarras, debe ser explicada a la ciudadanía española, para evitar malentendidos y suspicacias, sospechas y manipulaciones. Los ciudadanos están alerta para saltar a degüello del gobernante que decida conceder gratuita e injustamente beneficios o compensaciones a quienes nos han hecho tanto daño. Están vigilantes, atentos y ojo avizor. No se fían, desconfían, miran de reojo. Observan con reparo al gobierno. Temen el engaño, la vuelta al diálogo y a la negociación, retroceder después del camino transitado, ceder ante nuevos cantos de sirena. Rechazan las tomas de temperatura, las treguas-trampa, las excarcelaciones de incluso aquellos que cumplieron toda su condena. Por esto, la política penitenciaria del gobierno debe ser clara, transparente, diáfana, justa y entendible no sólo por las víctimas sino por el conjunto de la ciudadanía española. Y los beneficios penitenciarios deberían únicamente poder ser aplicados a los presos que cumplan estas cuatro condiciones: pedir perdón a las víctimas, condenar la violencia terrorista, comprometerse a hacerse cargo de las indemnizaciones que correspondan y colaborar con la Justicia española. Si no se dan estas cuatro condiciones, no deberían concederse.
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