Algo huele a podrido en España (II).

Podemos recordar, sin ánimo de vengarnos pero si para optar en adelante con mejor criterio, algunas de las medidas que los progresistas de boquilla nos aplicaron: la regresiva deducción generalizada de los famosos 400 euros por contribuyente y año, independientemente del nivel de renta y a pesar de que la situación económica no recomendara tal cosa (6.000 euros anuales); la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, primero en el resto de España y después en los territorios históricos vascos, broma que supuso a las arcas públicas casi 2.000 millones de euros menos de recaudación anual; las medidas paliativas, cortoplacistas y contraproducentes recogidas en el plan E, consistentes en la creación de empleo temporal y precario para engañar mucho a unos pocos durante no demasiado tiempo (13.000 millones de euros totales); la reducción del impuesto sobre sociedades (aunque sin acercarse siquiera a los niveles de Euskadi) hasta reducir los ingresos públicos en casi 9.000 millones de euros anuales; o la refinanciación autonómica para continuar en este absurdo proceso de descentralización diversificada para colmar las ansias de los independentistas insolidarios (11.000 millones de euros anuales). Todas estas medidas presentadas inicialmente como medidas-estrella han terminado finalmente estrelladas ante el muro de la realidad cotidiana, las raíces profundas de la crisis institucional y política que padecemos en España y los problemas genuinamente españoles a los que nos enfrentamos.
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Junto a este cúmulo de despropósitos, hubo otros: por un lado, el incremento del IVA con el apoyo del PNV y, por otro, el ya habitual cambalache presupuestario con los nacionalistas, configurando unos presupuestos generales reconocidos por los mismos que los apoyaron como irreales e inútiles para enfrentar la crisis económica. Consecuencia de todo esto y de no haber aplicado durante años las verdaderas reformas profundas que el país necesitaba (y Aznar en esto es corresponsable), el palo posterior sobre los más débiles: bajada del sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones, paralización de obra pública y eliminación de la retroactividad de la necesaria pero inaplicable ley de dependencia. Unas medidas claramente antisociales, injustas, regresivas, insolidarias e ineficaces, aplicadas por un gobierno desnortado y un presidente de gobierno sin credibilidad ni criterio, un presidente que negó la crisis y engañó voluntariamente a los ciudadanos, que aprobó medidas exclusivamente cortoplacistas por intereses electorales y que no sólo viene mostrándose incapaz para liderar ningún proyecto político o económico sino, escuchadas sus recientes declaraciones sobre la sentencia del Estatut, se ha convertido en un verdadero peligro público para nuestro bienestar.

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