UNIÓN PROGRESO y DEMOCRACIA consideraba indispensable que el Gobierno Vasco aprobara cuanto antes la reformulación definitiva del Plan Vasco de Educación para la Paz y los derechos humanos 2008-2011, el documento finalmente denominado Plan para la convivencia democrática y deslegitimación del terrorismo y que lo hiciera en los términos en que nos fue inicialmente entregado o, al menos, sin que se viera rebajado en aquello que el propio Gobierno Vasco consideró acertadamente fundamental e irrenunciable.

Finalmente, pensamos que el plan definitivo recoge la esencia y lo fundamental de ese borrador inicialmente planteado (con varias décadas de retraso, por cierto). Pensamos que, a pesar de que se han introducido algunas de las modificaciones planteadas por el PNV, dicho plan no se ha visto devaluado y mantiene lo que nosotros consideramos fundamental.

Aunque el proceso de negociación y acuerdo para lograr el consenso más amplio posible ha sido un proceso necesario, la actitud de los nacionalistas vascos nos ha parecido bastante fuera de lugar, pues daba en ocasiones la sensación que su único objetivo no era sólo posponer y retrasar el plan sino directamente boicotearlo. Afortunadamente parece que, aunque no se han terminado sumando al feliz consenso, tampoco han conseguido censurarlo.

A día de hoy, por tanto, en su redacción final, el nuevo plan incluye nítidamente la necesaria deslegitimación ética, social y política del terrorismo, incluida la definición consensuada sobre lo que es “deslegitimación”; evita situar en el mismo plano la violencia terrorista que padecemos (problema singular, específico y propio de nuestra sociedad) y otras “expresiones de violencia” presentes en cualquier país democrático del mundo (como hacía el anterior plan, diluyendo el problema fundamental); trata de eliminar o al menos es un buen instrumento para denunciar o luchar contra la pasividad, la neutralidad y la equidistancia de los que miran para otro lado o ni siquiera miran, tanto en el ámbito educativo como en el familiar o el social (esa postura tan extendida hace años de “ni con unos ni con otros”); y, finalmente, reivindica, legitima y pone en valor nuestras instituciones democráticas y nuestro marco jurídico (Estatuto y Constitución), aunque haya quien pretenda modificarlo. Algo perfectamente respetable, siempre que se proponga hacerlo a través de los instrumentos legales establecidos y, por supuesto, pacífica y democráticamente.
Las grandes mejoras que el defitivo plan recoge son: atribuir a los profesores una obligación muy concreta: “sostener con nitidez la ilegitimidad moral de toda legitimación del terrorismo”. Se señala acertadamente que el hecho de que el profesor permanezca neutral ante cualquier apoyo al terrorismo es una “claudicación moral”. Además, dicha exigencia se amplía a la familia y a la sociedad, cosa que entendemos perfectamente lógica; reivindicar las instituciones democráticas, porque el no respetar el Estado Constitucional “abre el camino a las posiciones totalitarias justificadoras de la violencia terrorista”; y, para terminar, situar a las víctimas del terrorismo en el centro del proyecto, como eje vertebrador o al menos como referencia “ineludible” de las iniciativas.

En cuanto a la presencia de las víctimas en las aulas: la presencia física dependerá de la voluntad de los centros y el GV “animará” a los centros. Nosotros pensábamos y seguimos pensando necesaria la presencia física de las víctimas, y que éstas cuenten libremente su experiencia. De todas las víctimas (todos los terrorismos terminan igualándose), para que cuenten su experiencia, sin ningún tipo de ánimo aleccionador o adoctrinador. Y respetando, en todo caso, las valoraciones y consideraciones de la comunidad educativa. No obstante, entendemos más importante todavía el compromiso de los profesores en la deslegitimación del terrorismo y la legitimación de nuestro ordenamiento jurídico, y acabar con el silencio mayoritario de tantos años.

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