La proposición de modificación del actual escudo de la Comunidad Autónoma Vasca no ha sido en absoluto una iniciativa ridícula, anacrónica, obsesiva o extravagante, como casi todos dijeron ayer, en sede parlamentaria. La proposición trataba de adecuar el actual escudo a la realidad institucional y constitucional vasca. Lo extravagante es, por tanto, que no se modifique. Aunque en Euskadi, ciertamente, todo lo normal se vea como extraño, y aunque la Televisión Pública Vasca fomente sin disimulo el desprecio por las iniciativas razonables y razonadas. Lo ridículo (hablemos claro) es que el socialismo vasquista dé por bueno un escudo que incumple el espíritu de una sentencia del Tribunal Constitucional y que asuma dócilmente las pretensiones antidemocráticas del nacionalismo y su obsesión expansionista. Lo absurdo es mantener un cuarto cuartel vacío que refiere a Navarra. Ya lo dije, pero insisto: respetamos el proyecto político de cada cual y sus aspiraciones territoriales, incluidas la evanescencia socialista, pero el escudo de los vascos tiene que adecuarse a la realidad institucional actual, sin que en él existan pretensiones antidemocráticas que no sólo menosprecian la voluntad de los navarros, sino también la de los vascos. Pretender normalizar el escudo vasco no es un signo de política identitaria, sino todo lo contrario. Política identitaria es dejarlo como está. Mantener el estatu quo vigente basado en las ensoñaciones nacionalistas es ceder a sus políticas identitarias y aplicar políticas identitarias y, de paso, demostrar que los constitucionalistas vascos estamos abducidos (algunos más que otros, también es cierto), sin solución de continuidad, por un nacionalismo vasco durante tantos años obligatorio y calado hasta los tuétanos. Además, debemos recordar que la ley es igual para todos, y sigue sin cumplirse una sentencia del Tribunal Constitucional de hace 25 años… aunque esto sea en este país lo de menos.

A los buenistas que nos digan que carecen estas cuestiones de importancia (mientras enarbolan sus banderas en los balcones de sus sedes), debemos recordar que el símbolo político acumula toda la carga histórica de una Comunidad, todo un conjunto de significaciones que ejercen una función integradora y promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y al mantenimiento de la conciencia comunitaria y, en cuanto expresión externa de la peculiaridad de esa Comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas, con las que es identificada; de aquí la protección dispensada a los símbolos políticos por los ordenamientos jurídicos. Al símbolo político corresponde, en fin, una función representativa e identificadora.

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