CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

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Como consecuencia de la crisis que padecemos, las haciendas vascas terminarán el ejercicio con unos ingresos inferiores en un 30% respecto a la recaudación habida en el año anterior. Este hecho lastrará sobremanera los presupuestos que debe preparar el Gobierno Vasco, los cuales deberán ser muy restrictivos y especialmente austeros. Ya ha anunciado el Gobierno que serán recortados en más de 500 millones de euros, el 5% respecto del presupuesto anterior, que el endeudamiento se acercará a los 1.700 millones de euros (lo que condicionará futuros presupuestos), que la contención del gasto corriente será absoluta y que la austeridad será el principio de aplicación general. En palabras del propio lehendakari, «tenemos serios problemas presupuestarios». Aunque la política fiscal, por extraño que sea, no es competencia del Gobierno (que elabora el presupuesto) sino de las diputaciones forales, no está mal plantear una serie de medidas que traten de compensar esta caida recaudatoria, más allá del discurso general e inconcreto, favorable a la subida general de los impuestos. La reinstauración de un impuesto sobre el patrimonio justo y redistribuidor es, sin duda, una de ellas, y así lo hemos dicho en días pasados. Y la segunda que planteo ahora, de extraordinaria importancia y casi siempre olvidada, es la lucha decidida contra el fraude fiscal, competencia también de las diputaciones forales. No estaría mal insistir en esta segunda idea y reclamar, contra viento y marea, una nueva filosofía ciudadana que no recurra al relativamente facil recurso de la trampa ni al instrumento del engaño y la insolidaridad. Este objetivo exigiría una nueva y profunda concienciación social y fomentaría una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.