Acabamos de presentar una iniciativa parlamentaria que exige al Departamento de Educación del Gobierno vasco que garantice por ley que todos los centros públicos y concertados de Euskadi oferten en sus períodos de matriculación los tres modelos de enseñanza actualmente vigentes (A, B y D), sin dirigismos ni excusas ni vacilaciones de ningún tipo, siempre que exista un padre o una madre que así lo demande, para que de este modo se garantice el inalienable derecho de libertad en la elección lingüística. No trata esta iniciativa de fomentar el modelo A ni de perseguir el euskera (como los más obtusos dirán ahora), sino de garantizar… la libertad ciudadana como base fundamental de la democracia, para que cada cual opte por aquello que prefiera (incluido el modelo D, desde luego), más allá de que su opción beneficie o no el proyecto nacionalista o el futuro de esta o aquella lengua. Mientras exista esta pluralidad de modelos lingüísticos (ya llegará el momento de cuestionarnos incluso esto si el sistema sigue sin funcionar), el Gobierno vasco debe garantizar su oferta, asegurando que ningún director ni centro utiliza ninguna artimaña para arrimar el ascua a su sardina, bien con llamadas inquisitoriales al domicilio paterno, bien “borrando” de la hoja de inscripción la opción del modelo A, como se ha venido denunciando por activa y por pasiva. Porque los consensos son deseables y especialmente en cuestiones que afectan a marcos de convivencia, pero en lo que afecta a derechos ciudadanos, éstos son previos (absolutos incluso) a cualquier tipo de consenso o acuerdo. Por poner un ejemplo: si en el Parlamento hubiera un partido político que defendiera negar el voto a las mujeres… no habría que acordar nada en este asunto con tal partido para tratar de llegar a un punto intermedio… sino garantizar el inalienable derecho al voto de las mujeres. Porque hablamos de derechos básicos que deben ser garantizados, sin entrar en más disquisiciones. Y así deberá ser la política educativa y lingüística aquí y en Laponia: respetuosa con los derechos ciudadanos, guste más o guste menos a quienes pretenden teledirigir nuestra vida.

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