A VUELTAS CON EL CONCIERTO (I)

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Según me informo estos días, el Concierto Económico ha recibido un espaldarazo de la Unión Europea. Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, avaló la capacidad de las haciendas forales para fijar impuestos diferenciados a los vigentes en el resto de España, lo cual augura un fallo favorable del Tribunal Europeo. En 2006, en sentencia que inauguró la llamada doctrina de las Azores, la Corte de Luxemburgo reconocía esta potestad para las entidades que cumplieran las siguientes tres condiciones:

a) tener autonomía institucional, sobre lo cual no parece haber dudas. Además, la abogada hace hincapié en que la tributación aprobada por las diputaciones se aplica indistintamente a todas las empresas sometidas a su normativa y, por tanto, no es discriminatoria;

b) tener autonomía en materia de procedimiento (formal y material). De las disposiciones de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Concierto Económico, se desprende que el Gobierno central no tiene capacidad de decidir acerca del procedimiento de adopción de las normas tributarias forales (formal) y que las diputaciones disponen de amplio margen para configurar las disposiciones tributarias que le permitan perseguir fines de política económica propios (material);

c) tener autonomía económica. La letrada no ve motivos para dudar de que la hipotética merma de ingresos de las diputaciones por establecer unos impuestos inferiores a los del Estado es asumida por la propia Administración vasca, sin compensación por parte del Estado, condición que los gobiernos de La Rioja y Castilla y León decían no se cumplía, basándose para ello en los poco claros mecanismos para la fijación del Cupo – la cantidad que el País Vasco paga al Estado por las competencias no asumidas-.

Una vez dados por cumplidos los tres requisitos necesarios, se preguntaba la abogada: ¿Permite la autonomía que las regiones compitan entre sí a través de los impuestos o esta competencia es incompatible con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución? Ésta es la cuestión central del litigio, a la que no debe responder el Tribunal de la UE, sino los tribunales nacionales.

La Constitución no excluye la coexistencia de varios sistemas tributarios, en el seno de los cuales entiendo no habría mayor problema para garantizarse los principios de igualdad y progresividad. Y ahora pregunta el bloguero: ¿Es posible la existencia de un Estado igualitario allí donde coexisten sistemas tributarios distintos? ¿De qué manera? ¿Cumpliéndose cuáles requisitos? ¿Bajo qué condiciones?

En la sentencia no se da mayor importancia a que un traslado de actividades económicas desde La Rioja a Bizkaia tenga consecuencias tributarias porque el propio Tratado de la Unión no garantiza a los contribuyentes que el traslado de sus actividades de un Estado miembro a otro sea neutro en materia fiscal. Y apoya Kokott las tesis defendidas por las instituciones vascas cuando afirma que la obligación de atenerse a la estructura impositiva general del Estado y adecuarse a la Ley General Tributaria en terminología y conceptos no impide a los territorios históricos perseguir fines de política económica propios.

Todos los expertos consultados, aseguran que el Tribunal Superior del País Vasco ratificará que las diputaciones pueden elaborar sus propios impuestos sin romper con ello la legalidad de la Unión Europea. Desde distintos estamentos políticos se considera en este momento apremiante un acuerdo en el Parlamento de Madrid que blinde el Concierto Económico. Una vez logrado, sería el Tribunal Constitucional el único órgano capaz de adoptar decisiones en la controvertida materia.