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PROGRAMA ELECTORAL UPyD

PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012

 

ÍNDICE

  1. INTRODUCCIÓN
  2. REFORMAR EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL
  3. RACIONALIZAR EL SECTOR PÚBLICO
  4. REFORMAR LAS LEYES ELECTORALES
  5. UNA NUEVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
  6. SANIDAD IGUAL PARA TODOS
  7. EDUCACIÓN Y SANIDAD
  8. FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD ADMINISTRATIVA
  9. VIVIENDA
  10. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
  11. MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN
  12. AUTOGOBIERNO Y DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS
  13. TRANSPARENCIA, REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
  14. LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
  15. UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE
  16. CRISIS ECONÓMICA
    16.1 Políticas de ahorro del gasto público superfluo y eliminación de duplicidades16.2 Financiación Autonómica

16.3 Administración Local

16.4 Cajas de Ahorros y Sistema Financiero

16.5 Reforma fiscal y lucha contra el fraude16.6 Reforma laboral

16.7 Políticas sectoriales: creación de empresas, industria, construcción, servicios

16.8 Política energética

16.9 Nuevas tecnologías, comunicación y economía digital

  • CONCIERTO ECONÓMICO Y CUPO
  • POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO (OPEs)
  • DISCAPACIDAD
  • PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
  • MEDIO AMBIENTE
  • GESTIÓN DE NUESTRAS INSTITUCIONES
  • POLÍTICAS DE IGUALDAD
  • DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DERROTA DE ETA

 

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1. INTRODUCCIÓN

1.a  UNIÓN PROGRESO y DEMOCRACIA (UPyD) se presenta a las elecciones vascas tras haber cumplido su primera legislatura en Euskadi con representación parlamentaria y tras tres años y medio de gobierno socialista, el gobierno del Lehendakari Patxi López.

1.b  UPyD apoyó con su voto la investidura del candidato socialista: en primer lugar, como modo de apoyar la esperanza de cambio político que el País Vasco necesitaba tras décadas de gobiernos presididos por nacionalistas y, en segundo lugar, como forma de apoyo expreso a la democracia ante las amenazas que ETA lanzó contra este gobierno tras los resultados electorales y la nueva mayoría supuestamente constitucionalista que se conformaba. Por tanto, UPyD apoyó con su voto al lehendakari Patxi López en mayo de 2009, para defender políticas constitucionalistas, es decir, para impulsar políticas distintas de las aplicadas por los gobiernos nacionalistas durante años. Obviamente, y al contrario de lo que algunos expresan, no bastaba con que no estuviera el PNV en el gobierno sino que, sobre todo, debían estar los constitucionalistas y sus políticas. Es decir, no había que hacer seguidismo de lo hecho durante años por los gobiernos conservadores, nacionalistas y clientelares del PNV sino que en muchos casos había que hacer justo lo contrario, y hacerlo sin complejos, ni dudas, ni miedos. Cualquier otra cosa sería un fraude para la sociedad vasca que esperaba un gobierno realmente constitucionalista.

1.c   Pronto observamos que esta mayoría parlamentaria del Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular no estaba en absoluto dispuesta a impulsar los cambios que Euskadi necesitaba. No sólo es que tuvieran dudas, complejos y miedos ante el conjunto del nacionalismo vasco, sino que incluso había un propósito, que después ha quedado sobradamente demostrado, de no cambiar nada de lo fundamental que debía cambiarse: ni se modificó porque no se quiso la política lingüística, ni se redujo drásticamente porque no se quiso el entramado de entes, fundaciones y empresas públicas y semipúblicas creadas durante años por el PNV para colocar a su gente y obviar los controles más estrictos de la Administración, ni se llevó el cambio porque no se quiso a la Radio y Televisión Pública Vasca (EITB), ni se mantuvo un discurso contundente porque no se quiso frente a los enemigos de la democracia y para defender nuestras Instituciones y el Estado de Derecho, ni se trató porque no se quiso de desmontar con argumentos las mentiras del nacionalismo ni, sobre todo, se defendió una alternativa constitucionalista en positivo para nuestra Comunidad Autónoma. La experiencia parlamentaria nos facilita innumerables ejemplos donde queda todo ello patente. En muchos aspectos, los partidos políticos que tuvieron mayoría parlamentaria para haber impulsado cambios de calado, prefirieron asumir los postulados políticos y la forma de hacer política del nacionalismo vasco.

1.d  Este abandono voluntario de las ideas constitucionalistas, evidencian muy claramente la necesidad de que un partido progresista, igualitario, nacional y constitucionalista como UPyD siga creciendo en el País Vasco, precisamente aquí donde nació hace ya 5 años. Además, como iremos viendo, tampoco se han impulsado otras medidas que para UPyD son absolutamente fundamentales, como la transparencia en la acción política y la regeneración de la democracia, la reforma radical del entramado institucional vasco, incluido el Concierto Económico y las Diputaciones Forales, la reforma de la ley electoral, la defensa de una Sanidad pública, universal y solidaria, la defensa de una Educación Pública y laica que defienda y garantice la igualdad y la libertad de pensamiento y, en general, resumiendo, la igualdad, la libertad y la democracia en esta tierra donde hemos carecido de todo ello. Por todas estas razones, consideramos indispensable que UNIÓN PROGRESO y DEMOCRACIA siga creciendo en el País Vasco porque es la única alternativa tanto al nacionalismo vasco como a los que, sin supuestamente serlo, se han venido comportando en la práctica como si fueran nacionalistas. Con este objetivo nos presentamos a las elecciones autonómicas vascas.

1.e  Además, estamos inmersos en una crisis política, social y económica de proporciones mayúsculas que requiere de medidas que los grandes partidos políticos se niegan a impulsar, por el simple hecho de que perjudican sus intereses particulares o partidarios. La refundación del Estado Autonómico, la reforma del entramado institucional vasco, la fusión de municipios, la supresión de las diputaciones, y medidas de regeneración democrática para acercar la política a los ciudadanos. Durante este tiempo, el desempleo, la pobreza y los desahucios se han multiplicado. Los ciudadanos desconfían de las instituciones y de los representantes políticos. Es la evidencia de que la crisis no es sólo económica sino también política y social. Ante estos hechos rigurosamente ciertos, ante todo debe decirse la verdad e impulsar profundas reformas para regenerar y ensanchar la democracia, modernizarnos, salvaguardar las políticas sociales y el Estado del Bienestar, acercar la política a los ciudadanos y dignificar la indispensable acción política. De hecho, es lo que venimos defendiendo desde nuestra propia fundación como partido político y lo que ofrecemos nuevamente a la ciudadanía vasca. A todo ello nos comprometemos.
2. REFORMAR EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL

2.a  Reformar o derogar la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, es decir, la llamada Ley de Territorios Históricos (LTH), esa Ley que hace que en una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes y 7.200 km2 haya cuatro parlamentos, tres haciendas y tres políticas fiscales distintas. Una Ley que fomenta la duplicidad e incluso ‘triplicidad’ de competencias, sobregasto y permanentes batallas competenciales entre las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco. Una ley que posibilita que las prestaciones de servicios a los ciudadanos de uno u otro territorio sean distintas, que se produzcan despilfarros de recursos, una burocratización inasumible, duplicidades administrativas, dispersión de esfuerzos y gasto superfluo. El objetivo de la reforma de la LTH es acabar con las duplicidades, las ineficiencias y los derroches y alcanzar una nueva distribución competencial más razonable. Algunas competencias autonómicas pasarían al Estado y otras, a los municipios. Revisión y clarificación, por tanto, de la distribución de competencias:

  • Suprimir las Juntas Generales de los Territorios Históricos.
  • Suprimir las Diputaciones Forales.
  • Devolver competencias al Estado.
  • Traspasar competencias a los municipios.
  • Fusionar paulatina y voluntariamente, dentro de un plazo con fecha de expiración, de los ayuntamientos más pequeños y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones urbanas mayores, con el fin de racionalizar la administración local y mejorar la prestación eficiente de servicios públicos.

 

3. RACIONALIZAR EL SECTOR PÚBLICO

3.a  Elaborar un Plan para el Redimensionamiento y la Racionalización del Sector Público de la CAPV que impulse y haga posible la reducción drástica del número y el volumen de los entes, sociedades y fundaciones con participación directa o indirecta de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), muchos de los cuales no tuvieron otro objetivo en el momento de su creación que servir a los intereses de los partidos políticos que las impulsaron, en lugar de ser un instrumento al servicio del conjunto de los ciudadanos vascos. En ocasiones se crearon para soslayar los controles más estrictos a los que está sujeta la Administración General, y para actuar sobre materias en las que no se tiene competencia directa. La mayoría estas empresas no han servido a los intereses generales de la ciudadanía, no han incentivado la actividad económica, no han ahorrado costes, no han aportado valor añadido a los poderes públicos vascos. Al contrario, se han convertido en gasto superfluo, en rémora para el crecimiento económico, en competencia desleal a la iniciativa privada y en nido de amiguismo, nepotismo, partidismo, clientelismo y opacidad.

3.b  Este Plan tendrá como objetivo fundamental lograr una Administración más eficiente, moderna y transparente y deberá contemplar, entre otros aspectos:

  • el abandono de la participación cuando no sea mayoritaria o su cierre cuando sea mayoritaria de las firmas deficitarias de larga trayectoria cuyo mantenimiento no sea esencial para la prestación de servicios públicos,
  • la unificación de las que ofrezcan servicios similares o complementarios.
  • la suscripción de convenios de colaboración e intercambio de información con entidades públicas de ámbito nacional (Instituto Nacional de Estadística –INE–, Agencia Estatal de Meteorología –AEMet–, Instituto Geográfico Nacional –IGN–, Instituto Geológico y Minero de España –IGME–, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía –IDAE–,  confederaciones hidrográficas del Ebro y del Cantábrico…) que permitan reducir los ingentes recursos destinados para estos menesteres en un territorio tan reducido como el vasco.
  • y, en general, la racionalización y el adelgazamiento del Sector Público de la CAPV.
  • Intentar que las Diputaciones Forales y los ayuntamientos vascos colaboren con el Gobierno Vasco en los propósitos del Plan para el Redimensionamiento y la Racionalización del Sector Público de la CAPV para lograr los mismos objetivos.

4. REFORMAR LAS LEYES ELECTORALES

4.a  Establecer la circunscripción electoral única para toda la CAPV para elegir a los diputados autonómicos vascos, de forma que el valor del voto de los vascos no dependa de la provincia de residencia.

4.b  Modificar el capítulo de incompatibilidades: los concejales, alcaldes o junteros no podrán simultanear su labor con la de parlamentario vasco. Se trata de no poder ostentar más de un cargo público, y en ningún caso más de un sueldo público, para que el concejal, alcalde, juntero o parlamentario vasco pueda dedicarse plenamente a las funciones de su cargo.

4.cEstablecer la circunscripción electoral provincial única para elegir a los representantes en las Juntas Generales, de forma que el valor del voto de los alaveses, guipuzcoanos o vizcaínos no dependa de la circunscripción electoral de residencia.

4.d  Hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los junteros y parlamentarios vascos seguirá el principio de “listas desbloqueadas”, de modo que el elector tenga la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista.

4.e  Establecer la limitación de mandatos de los representantes electos.

4.f   Reducir la discriminación positiva en las listas electorales en lo que se refiere a la paridad hombres-mujeres.

5. UNA NUEVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

5.a
  La lengua castellana es oficial en todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles, y además es la lengua común de todos los ciudadanos vascos.

5.b  Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuera su lengua materna. El euskera, como lengua cooficial autonómica, debe figurar en los planes de estudio de la CAPV en diversos grados de oferta, pero no debe convertirse en la lengua vehicular exclusiva del sistema educativo vasco.

5.c   Cualquier ciudadano vasco tiene derecho a ser atendido por las instituciones vascas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la CAPV. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, pero no que todo funcionario o empleado deba tener tal capacitación. En las instituciones y entidades privadas de cualquier tipo, el uso de una o ambas lenguas será discrecional.

5.d  La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas y la información a la ciudadanía deberá ser preferentemente bilingüe.

5.e  El modelo de bilingüismo bidireccional es el óptimo y el más democrático para alcanzar los objetivos de bilingüismo. Es aconsejable que, de la misma forma en que el Modelo D se abre a los castellanohablantes, el Modelo A se abra a los vascohablantes. La administración pública debe hacer esa oferta lingüística bidireccional. La aplicación de este principio conduciría a una completa libertad de elección de lengua.

5.f   Proponemos que la oferta pública de puestos de trabajo bilingües esté adaptada a la demanda lingüística de los usuarios, especialmente cuando la labor se desarrolle cara al público. La exigencia desmesurada e indiscriminada de conocimientos de euskera a funcionarios, empleados y profesionales que no los van a necesitar en su puesto de trabajo es una práctica discriminatoria e injusta. Hay que considerar el conocimiento del euskera como un mérito justamente valorado que no menoscabe los otros méritos académicos o profesionales, pero no como un requisito excluyente allí donde no es necesario.

5.g  Nos comprometemos a defender e impulsar todas las reformas normativas que sean necesarias para acabar con los abusos, injusticias y discriminaciones que las políticas lingüísticas aplicadas en nuestra comunidad han venido produciendo.

5.h  Nos comprometemos a impulsar y la defender la necesidad de transparencia en relación al coste que ha supuesto y supone la promoción del euskera. La subvención de la política lingüística no sale gratis y se hace a costa de limitar prestaciones asistenciales y derechos básicos de los ciudadanos en otros campos.

5.i    Nos comprometemos a defender la recuperación de los topónimos castellanos, que son también parte de nuestra cultura y que han venido siendo erradicados sistemáticamente durante los últimos años (“limpieza toponímica”), como por ejemplo ha ocurrido con la denominación oficial de nuestras provincias y municipios. Por el mismo motivo, nos comprometemos a impulsar todas aquellas medidas que detengan la limpieza cultural que ha venido impulsando el paradigma nacionalista.

5.j   Nos comprometemos a defender la supresión del artículo 3.3 de la Constitución Española: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. La aplicación de este artículo ha llevado a cometer abusos e imposiciones lingüísticas.
6. SANIDAD IGUAL PARA TODOS

6.a  Devolución al Estado de las competencias de Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional, basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia y participación ciudadana.

6.b  Defensa desde Euskadi de un gran Pacto por la Sanidad que permita una reforma profunda de nuestro sistema sanitario con los siguientes objetivos:

  • Recuperar la cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud.
  • Mejorar la situación financiera y el uso racional de los recursos para asegurar la sostenibilidad de un sistema público, universal y solidario.
  • Fomentar la participación ciudadana y de los profesionales sanitarios en la gestión del SNS.
  • Establecer un cambio en la planificación sanitaria, potenciando la Atención Primaria y la atención a los pacientes crónicos.
  • Establecer una política de transparencia en la gestión de la Sanidad.
  • Impulsar la implantación de una Tarjeta Sanitaria única para todo el territorio nacional o su eliminación para sustituirla por el uso del DNI electrónico y de la tarjeta de residencia.
  • Mejora y modernización de las infraestructuras asistenciales en toda la Red Pública.
  • Implantación de un auténtico Modelo de Atención Socio-sanitaria, que dé una respuesta adecuada a las necesidades de las personas con enfermedad mental, daño cerebral adquirido o enfermedades raras y sus familias. Creación y puesta en funcionamiento de unidades específicas de estructura hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria.
  • Control trimestral de las solicitudes de los pacientes afectados a cargo de una Comisión independiente y paritaria, formada por gestores sanitarios y representantes de asociaciones de usuarios y consumidores.

 

7. EDUCACIÓN y UNIVERSIDAD.

7.a  Devolución al Estado de la competencia de Educación. La gestión seguiría siendo autonómica

7.b  Defensa de la Educación Pública y laica, sin ninguna clase de religión. Las creencias religiosas de cada cual deben mantenerse en el ámbito privado y personal de cada uno. Y el Estado debe mantenerse neutral ante todas ellas y respetuoso ante el hecho religioso siempre que desde él no existan ataques a los derechos ciudadanos fundamentales.

7.c   Priorización de la red pública, de la que las distintas redes concertadas deben ser subsidiarias. Control del tipo de escolarización que lleva a cabo cada una de ellas, concediendo más recursos y apoyo a los centros que presten servicio educativo en condiciones más difíciles. En la red concertada, control de la desviación a centros públicos de alumnado con problemas de aprendizaje o conducta, y erradicación del pago de cuotas disuasorias o camufladas en otros conceptos. Garantía de calidad de todos los centros, independientemente de la red a la que pertenezcan, y homologación de las condiciones laborales del profesorado.

7.d  Evaluación objetiva de los modelos lingüísticos en Educación, no sólo en lo relativo al aprendizaje del euskera, sino a su eficacia como instrumento de aprendizaje general. Los cambios posteriores que hubiera que realizar deberían ser fruto de un consenso entre las fuerzas democráticas vascas y en la propia sociedad.

7.e  Defensa de la libertad de elección lingüística. Posibilitar la evaluación de conocimientos utilizando la lengua materna (de entre las cooficiales) en las asignaturas donde la lengua vehicular sea otra.

7.f   Mejora de la enseñanza de las dos lenguas vascas -euskera y castellano- y del inglés para todo el alumnado. Analizaremos la conveniencia o no de extender el modelo trilingüe y proponer posibles cambios para su mejora.

7.g  Programas de detección de fracaso escolar entre colectivos sociales desfavorecidos ya en la Enseñanza Primaria, previendo planes específicos compensatorios y contando para desarrollarlos con las organizaciones sociales que trabajan para dichos colectivos.

7.h  Implantación de un Servicio de Asistencia Psico-pedagógica que atienda al alumnado de Preescolar y Primaria en cada municipio. Ampliación del Servicio de Orientación de los Centros de Secundaria públicos con plazas de psicólogo y pedagogo.

7.i    Mejora de los servicios de Orientación en Secundaria, ampliando su actividad a la conexión con la Universidad, los Servicios de Empleo Públicos y las redes empresariales.

7.j   Apertura de todos los centros educativos públicos por las tardes y en vacaciones, con programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) y deportivos, y actividades culturales y lúdicas. Coordinación con los programas de prevención de drogo-dependencias y violencia juvenil.

7.k  Profesionalización de la gestión de los centros, basada en los principios de exigencia del cumplimiento de objetivos, iniciativa, competencia y transparencia de resultados. Las labores no docentes (administrativas, biblioteca, comedor…) podrán ser desempeñadas por personal con titulación suficiente o habilitado especialmente para esas funciones.

7.l    Elaboración y aplicación de un nuevo plan que dé continuidad a los propósitos y objetivos del llamado Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011), incluyendo la presencia en las aulas de las víctimas del terrorismo y la deslegitimación de las ideas totalitarias.

7.m Apoyo al profesorado ante los nuevos retos que afronta la educación en nuestra época histórica y en nuestra sociedad en concreto. Planes de incorporación de nuevo profesorado, sin la obligatoriedad del dominio del euskera en la totalidad de los casos y nunca en aquéllos en los que no sea preciso (lengua y literatura española, lenguas extranjeras y asignaturas que se impartan en castellano o en lengua extranjera).

7.n  Disminución progresiva del “ratio” Alumnos-Profesor: es imposible que se produzcan mejoras en el sistema educativo del País Vasco si no se reduce el número de alumnos que están a cargo de cada profesor.

7.o  Impedir que existan centros “gueto” que concentren en sus aulas alumnado migrante o con graves problemas de arraigo, integración o fracaso escolar. Concentrar en determinados centros o modelos al alumnado con dificultades o procedentes de otras culturas es una forma más de xenofobia encubierta inadmisible, menos admisible aún si quienes lo permiten o encubren son instituciones públicas. La Administración educativa intervendrá guiando los procesos de matriculación cuando el número de alumnos con características excepcionales supere el 30% por ciento del total del alumnado de un centro educativo.

7.p  Facilitar a los alumnos de educación secundaria que opten por los campos artísticos de música y danza la preferencia en los Institutos de referencia para estos campos. Estudiar la posibilidad de creación o reestructuración de los Conservatorios para que cursen en ellos todas sus asignaturas.

7.q  Revisión del proceso de Bolonia para volver al proyecto original de Espacio Europeo de Educación Superior y abrir un debate político y académico serio para que la universidad vasca participe en el proceso citado.

7.r   Obligatoriedad de la asignatura Educación para la Ciudadanía, plenamente evaluable. La inspección educativa verificará el contenido de los libros de texto y el desarrollo de las clases en base a los principios recogidos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Declaración de los Derechos Humanos.

7.s   Respecto al alumnado con discapacidad, el Gobierno Vasco deberá establecer por Ley la obligatoriedad de dar atención educativa (educación infantil) a los niños y niñas de hasta tres años con discapacidad, si así lo piden sus progenitores o representantes legales. También promoverá la inclusión educativa de las personas discapacitadas, proporcionando para ello las ayudas técnicas y profesionales necesarias.

7.t   Impulsar todas las modificaciones normativas oportunas a fin de que todos aquellos centros que cuenten con conciertos educativos con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, tengan la obligación de ofertar plazas en el modelo o modelos que el sistema vigente establezca, siempre que se alcance el número de alumnos requerido por la Administración.

7.uRebajar a diez alumnos el número preciso para la apertura de línea en un centro educativo, en los distintos modelos lingüísticos vigentes en cada momento.

7.v  Impulsar todas las modificaciones normativas oportunas a fin de que todos aquellos centros que cuentan con conciertos educativos con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, tengan la obligación de abrir nuevas líneas en cursos superiores por peticiones de cambio de modelo lingüístico, siempre que se alcance el número de alumnos requerido por la Administración.

7.w Impulsar todas las modificaciones normativas oportunas a fin de que todos aquellos centros que cuenten con conciertos educativos con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco tengan la obligación de cumplir las mismas exigencias que los centros públicos eliminándose sus excepcionalidades o privilegios.

7.x   Admitir la entrada en listas de sustituciones de personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco a candidatos sin perfil lingüístico de euskera, en igualdad de condiciones que los poseedores de dicho perfil, para impartir la lengua y literatura castellana, las lenguas extranjeras y las asignaturas que se den en castellano o en lengua extranjera.

7.y  Elaborar un plan de actuación general en el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 2 años), que posibilite la prestación de este servicio público con criterios de calidad en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Este plan, además de la ordenación y, en su caso, asunción por parte de la administración autonómica de las escuelas infantiles municipales ya existentes, debería recoger la previsión de ampliación de la oferta de plazas que resulte necesaria para completar una oferta global congruente con las necesidades del conjunto de la población y la consiguiente obligación de prestar este servicio en condiciones de igualdad a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

7.z   Asimismo, debe establecer un calendario y un sistema de financiación sostenible y semejante en todo el territorio, en el que se sume la aportación de dinero público y la aportación de los usuarios directos con el fin de garantizar su desarrollo con criterios de calidad y capacidad suficiente para cumplir los objetivos educativos y los procedimientos de trabajo de esta etapa educativa contenidos en los artículos 13 y 14 de la Ley de Educación vigente.

7.aaAcercamiento entre Universidad y Empresa, de forma que ambas trabajen conjuntamente y se proporcionen apoyo mutuo, y la potenciación de la Formación Profesional para que las industrias puedan disponer de mano de obra cualificada en aquellos sectores que lo demanden. Además de seguir el ejemplo de Alemania, donde este tipo de formación tiene una gran consideración en la sociedad.

7.bbPromoveremos la instalación de nuevos centros de formación profesional e institutos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como la mejora de las Universidades.
8. FUNCIÓN PÚBLICA Y MOVILIDAD ADMINISTRATIVA

8.a  Apoyar que el personal al servicio de las Administraciones Públicas pueda participar en procesos de movilidad interadministrativa, pudiendo participar en las diferentes formas de provisión de puestos de trabajo de las Administraciones implicadas. Esta movilidad será una herramienta fundamental a la hora de racionalizar el empleo público.

8.b  Impulsar las medidas oportunas en las Administraciones Públicas y en su sector público para acabar con la práctica de las “asistencias técnicas”, el fraude de ley que supone el encadenamiento injustificado de contratos por obra o servicio, el uso indebido de los contratos por “acumulación de tareas” y el mantenimiento durante largos años de interinidades en plazas vacantes.

8.c   Legalizar las situaciones laborales susceptibles de serlo, siguiendo los precedentes similares resueltos judicialmente o por requerimiento de la inspección de trabajo.

8.d  Cubrir todas las vacantes de sus relaciones de puestos de trabajo siguiendo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. El recurso a la selección de personal por otros medios distintos a las ofertas públicas de empleo (OPEs) aduciendo razones de urgencia debe ser desterrado.

8.e  Habilitar los mecanismos necesarios para que el funcionario o cargo público responsable de las irregularidades o ilegalidades en la contratación de personal sea debidamente sancionado e inhabilitado para tales funciones.

8.f   Reformar todas las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración General de la CAPV y de su Sector Público en lo que se refiere a las exigencias de perfiles lingüísticos, de tal manera que, a la vista del análisis, dichas exigencias se adecuen a las necesidades de la prestación del servicio. La valoración de las necesidades del servicio será exclusivamente técnica y no seguirá criterios políticos, tal como se ha hecho durante años.

8.g  Eximir, de forma general, en los diferentes procesos selectivos de personal al servicio de la Administración General de la CAPV y de su Sector Público, de la acreditación del perfil lingüístico para poder presentarse a las plazas cuya fecha de preceptividad no se hallara definida o vencida en la relación de puestos de trabajo (RPT). La valoración, como mérito, de los conocimientos de euskera no supondrá el menoscabo de la puntuación correspondiente a los méritos profesionales o académicos.
9. VIVIENDA

9.a  El Gobierno Vasco es el responsable de impulsar una política de Vivienda que atienda los intereses generales de los ciudadanos, debiendo priorizar este hecho al de contentar los intereses legítimos de entidades de crédito, inmobiliarias, promotores y constructores.

9.b  Impulso de una Ley de Vivienda que facilite el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna.

9.c   Perfeccionar los mecanismos de control por parte de las administraciones públicas competentes de los requisitos para acceder a viviendas protegidas: no hallarse en posesión de vivienda ni de alojamiento estable o adecuado, hallarse válidamente inscrito en el Registro de demandantes y acreditar unos ingresos anuales determinados.
&nbsp
9.d  Defender una política de vivienda basada en poner al servicio de los ciudadanos con menos ingresos, de los mayores de 65 años y de los jóvenes que buscan su emancipación un amplio parque de vivienda de alquiler para ser utilizado durante unos años, por los que paguen unas rentas en función de sus ingresos y su situación familiar.

9.e  Abogamos por una política de vivienda pública exclusivamente en alquiler, pensada para los jóvenes y los ciudadanos con menos recursos, de modo que sean las personas más desfavorecidas las que tengan en cada momento derecho a una vivienda. La vivienda protegida en propiedad debe desaparecer definitivamente en pro del alquiler.

9.f   Eliminar los sorteos en la adjudicación de vivienda protegida y baremar las solicitudes otorgando prioridad a los solicitantes en atención a su situación económica, al número de miembros de la unidad familiar o de convivencia y a su antigüedad como demandante de vivienda.

9.g  Expropiación forzosa de la Vivienda de Protección Pública en los siguientes supuestos: no destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente, mantener la vivienda deshabitada sin justa causa más de un año, incumplir los deberes de conservación y mantenimiento de las viviendas, no actualizar los servicios e instalaciones precisas para hacer efectiva la accesibilidad prevista por la legislación sectorial, transmitir sin autorización la vivienda o alojamiento, realquilar, tener al menos 3 condenas firmes por agredir a los vecinos o causar daños en sus propiedades y sobre ocupar la vivienda. Y, finalmente, cuando sobrevenga una situación de capacidad económica en la que, por tres años consecutivos, sus ingresos superan en un 50% los máximos establecidos para poder ser adjudicatario de una vivienda protegida.

9.h  Defender el derecho a la división de viviendas, la posibilidad de abordar la rehabilitación de edificios si hay acuerdo del 50% de las personas propietarias y obligación de depositar las fianzas de los contratos de alquiler en el Gobierno Vasco y de registrar los contratos. Todas estas medidas deberían introducirse en la futura Ley de Vivienda.

9.i    Permitir que la Administración imponga un canon y el alquiler forzoso a la vivienda deshabitada. Los ayuntamientos podrán imponer un canon sobre las viviendas deshabitadas. Concretar las condiciones que deben darse y los requisitos que deben cumplirse para que una vivienda se considere deshabitada e impulsar los mecanismos necesarios que eviten el fraude.

9.j   Alquiler forzoso de las viviendas declaradas deshabitadas que se ubiquen en ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda.

9.k  Habilitar mecanismos que confirmen fehacientemente que el titular de la vivienda desocupada mantiene efectiva y realmente en oferta de venta o alquiler su vivienda a precios de mercado posibilitando incluso a la Administración el derecho de tanteo y retracto.

9.l    Liderar una nueva política de rehabilitación y regeneración urbana como solución eficiente, sostenible y de futuro.

9.m En los proyectos de viviendas de protección oficial (VPO) y de promoción pública, se reservará un mínimo en función de la demanda de viviendas accesibles con destino a personas con discapacidad, personas mayores de 65 años o con movilidad reducida, y al uso de las mismas como Centros o Unidades de vida independiente.

9.n  El desarrollo urbano debe supeditarse al interés general y crecer en función de las necesidades reales de vivienda, potenciando la restauración de los centros urbanos frente a la utilización de nuevos territorios periféricos. Los planes de desarrollo urbano y de ocupación del suelo deben ser compatibles con el ahorro energético, los planes de movilidad sostenible, y acordes con la normativa europea en materia de contaminación acústica y lumínica. Se deben respetar las recomendaciones de distanciamiento de construcciones en zonas inundables, descartando soluciones que desnaturalizan los cauces fluviales o conducen a la edificación de palafitos.

9.o  Modificación de la Ley Hipotecaria, de modo que la responsabilidad derivada del préstamo hipotecario esté limitada al valor de la finca o fincas hipotecadas. Esto es, la regulación de la dación en pago como regla general de extinción del crédito hipotecario.

9.p  Modificación de la legislación concursal para instaurar con carácter de urgencia el sistema “fresh star”, para que, una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin necesidad del consentimiento del acreedor.

9.q  Proponer las modificaciones legales que sean necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el concurso y la pérdida de la vivienda, así como aquellas que faciliten la dación en pago aún en créditos hipotecarios que no lo hayan previsto.

9.r   Mediación por parte de los ayuntamientos vascos en los casos de desahucio en curso en sus localidades, apoyando a los vecinos desahuciados que lo soliciten y buscando en cualquier caso la garantía de su derecho constitucional a la vivienda sin menoscabo de la seguridad jurídica.

9.s   Asumir un compromiso que tenga por objeto evitar los desahucios de la vivienda principal, negociando alternativas con las familias afectadas, como moratorias o alquileres sustitutivos.

9.t   Que el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los ayuntamientos vascos suspendan todas sus relaciones financieras con aquellas entidades financieras que rechacen el servicio de mediación y la negociación con sus deudores hipotecarios.

9.u  Que el Gobierno Vasco garantice la imposibilidad de desahucio por parte de los bancos o cajas acogidos a las ayudas o rescates económicas del gobierno.

9.v  Obligatoriedad de publicar la lista de viviendas propiedad de las entidades financieras, o de empresas participadas por ellas, provenientes de ejecuciones hipotecarias.

9.w  Facilitar a los desahuciados la entrada en programas de ayudas sociales, modificando los baremos contemplados a la luz de las obligaciones de pago que arrastran tras el desahucio.
10. INFRAESTRUCTURAS y TRANSPORTES

10.a  Abandono del Proyecto de construcción del Puerto Exterior de Pasajes, por ser medioambientalmente insostenible, económicamente inviable y socialmente innecesario. Nos encontramos ante una propuesta disparatada típica de políticos irresponsables y manirrotos. Apoyamos la regeneración de la bahía de Pasajes y la modernización del puerto actual.

10.b  Abandono del proyecto de soterramiento del tren de alta velocidad (TAV) a su paso por Vitoria y estudio de alternativas en superficie. Estudiar la posibilidad de establecer el paso en superficie del TAV por las cercanías del aeropuerto de Foronda, el establecimiento en Foronda de una estación intermodal ferroviaria y de autobuses y la prolongación del trazado del tranvía vitoriano desde la actual estación término de Ibaiondo hasta Foronda con el objetivo de comunicar la estación intermodal con el centro de la ciudad de forma rápida y directa.

10.c  Estudio de los beneficios que con lo propuesto en el párrafo anterior pueden obtenerse para potenciar el aeropuerto de Foronda para vuelos de pasajeros y para consolidarse como aeropuerto de carga.

10.d  Evaluación de todas las infraestructuras existentes y los proyectos de futuras con arreglo a criterios de coste-beneficio y de sostenibilidad energética y medioambiental.

10.e  Promover la constitución de un consorcio de transporte de viajeros para toda la CAPV, disolviendo entonces los de menor ámbito, e implantar una tarjeta única de pago en los viajes que se realicen en la CAPV de manera coordinada con las instituciones implicadas.
11. MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN

11.a  Reforma profunda de EiTB para garantizar una línea editorial que respete y defienda nuestro marco institucional, que impulse valores éticos y de convivencia y que deslegitime el terrorismo y las ideas totalitarias.

11.b  Las representaciones gráficas e infográficas de la programación de EiTB se inscribirán en la realidad política e institucional que representa la Comunidad Autónoma del País Vasco.

11.c  Promover los cambios que sean necesarios para alcanzar unos medios públicos de comunicación plurales y de calidad, que no se encuentren sometidos al mandato de los partidos políticos, para superar de este modo décadas de tergiversación informativa al servicio del ideario nacionalista.

11.d  Acometer un plan de racionalización y redimensionamiento de EiTB, para adecuarlo a los nuevos tiempos, incluyendo el cierre de canales y la posible reducción de plantilla.

11.e  Dentro de este plan de racionalización, se suprimirán las sedes de EiTB en Pamplona y Bayona y se analizará la conveniencia de mantener, reducir o suprimir las corresponsalías en otras capitales españolas y extranjeras.

11.f  Circunscripción de la información local al ámbito vasco, complementada obviamente con noticias de fuera del País Vasco, siempre que respondan al interés informativo de la ciudadanía vasca, no a los intereses de adoctrinamiento nacionalista u otros.
12. AUTOGOBIERNO Y DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS

12.a Abordar la reforma del Estatuto de Gernika y de la Constitución Española, para que, en el marco de un debate global sobre su eficacia, algunas competencias pudieran ser transferidas a los municipios y otras, devueltas al Estado. Y mejorar de este modo la calidad de los servicios públicos.

12.b Devolución al Estado de la competencia de Sanidad. La gestión seguiría siendo de la Comunidad Autónoma.

12.c Devolución al Estado de la competencia de Educación. La gestión seguiría siendo de la Comunidad Autónoma.

13. TRANSPARENCIA, REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

13.a Desarrollar el derecho fundamental de acceso a la información, siguiendo el Convenio para el Acceso a los Documentos Oficiales del Consejo de Europa, de cualquier persona para solicitar y obtener, de forma sencilla, rápida y gratuita, toda la información en poder de entidades públicas, y también de las privadas que se beneficien de ayudas o fondos públicos o presten servicios públicos, sin más límites que otros derechos fundamentales e intereses legítimos que puedan prevalecer claramente sobre el derecho fundamental a la información.

13.b Publicidad obligatoria de los presupuestos, la ejecución presupuestaria, las remuneraciones dinerarias o en especie de los gestores públicos, los gastos corrientes, los proyectos y su seguimiento, las subvenciones, la contabilidad de las empresas públicas y demás aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos de las administraciones públicas de forma fácil de entender y tratar y con alta periodicidad a través de internet. También serán públicas las cuentas de los partidos políticos, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales o de interés público que reciban ayuda pública.

13.c Ampliación a diputaciones y ayuntamientos, mediante los cambios normativos necesarios, del portal opendata.euskadi.net  en el que se pone a disposición de ciudadanos y empresas toda la información en poder de la administración que no esté clasificada como confidencial de forma expresa y motivada, mediante una plataforma sencilla y funcional. Se promoverá la digitalización total de todos los fondos de los archivos de las administraciones y la puesta a disposición del público vía internet.

13.d Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales. Se aprobará suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creerle responsable criminalmente del delito. También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos.

13.e Medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en casos de corrupción.

13.f Todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deberán rendir cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Parlamento, sobre los principales gastos incurridos, la contratación de personal o su despido, los contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, las deudas y facturas pendientes, entre otros.

13.g Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo publicidad de la contratación administrativa. Prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas. Modificación de la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.

13.h Reforzamiento de las incompatibilidades modificando las leyes que las regulan para hacerlas más estrictas, previniendo la posibilidad de que el cargo público pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos que representa, e impidiendo beneficiarse de más de una retribución pública total o parcial, con limitación de mandatos a un máximo de dos legislaturas.

13.i Incompatibilidad del cargo de juntero, alcalde y concejal con la condición de diputado, senador o parlamentario autonómico y parlamentario europeo. Establecer en cualquier caso la incompatibilidad de percibir más de un sueldo por ocupar puestos de carácter político.

13.j Despolitización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), eligiendo sus miembros sin injerencias partidistas. No podrán haber ejercido ningún cargo electo o haber sido miembros de los gobiernos del Estado, Comunidad Autónoma o Local o altos cargos de cualquiera de ellos en los quince años anteriores a su nombramiento. Legislar para que los informes de fiscalización del TVCP tengan carácter ejecutivo, de tal forma que los responsables de incumplimientos reiterados de preceptos detectados por el Tribunal sean inhabilitados para el desempeño de funciones relacionadas con dichos incumplimientos.

13.k Control en exclusiva por el Tribunal de Cuentas de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales, que deberán presentar estados financieros consolidados de toda su organización territorial e institucional, incluyendo fundaciones y sociedades participadas. Esta información deberá publicarse íntegramente en la página del partido en Internet para que sea fácilmente accesible para cualquier persona.

13.l Prohibición de campañas de publicidad institucional de promoción de las Administraciones, y cualquiera que trate de vincularlas al partido o partidos gobernantes y a sus cargos electos, representantes o candidatos. Obligación de realizar un informe anual de todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su finalidad, importe y adjudicatarios de los contratos celebrados.

13.m Compromiso de autolimitación de los partidos políticos a la actividad propia de la representación institucional.

13.n Laicización de la actividad política: salvo que concurran razones de tipo histórico-artístico, no podrá haber símbolos religiosos en edificios públicos y, por norma general, los representantes públicos deberán abstenerse de participar en calidad de tales en actos de naturaleza religiosa.

13.o Objetivación y seguimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en los procedimientos de selección de personal en las empresas públicas así como respecto de las subvenciones a empresas y personas físicas.

13.p Salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la máxima información posible sobre el destino y el uso del dinero público, para garantizar así su control y asegurar la máxima transparencia posible, de modo que se puedan romper las barreras actualmente existentes entre lo que viene a denominarse la gestión de la cosa pública y el conjunto de la ciudadanía. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se hace con su dinero y los poderes públicos la obligación de facilitarles esta información.

13.q El Gobierno Vasco deberá publicar anualmente en un apartado destacado de su página web www.euskadi.net, y permitiendo una acumulación histórica, los datos más relevantes de cada una de las entidades que forman parte del Sector Público de la CAPV (artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre) y a cada una de las entidades, en principio, no públicas pero que están participadas por entidades del Sector Público de la CAPV de forma directa o indirecta

13.r Ley de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia en la Ges­tión Pública que prevenga la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tengan cualquier relación de interés privado con éstas, e impulse prácticas de transparencia y acceso a la información en todas ellas para mejorar la calidad de las instituciones y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas.

13.s Nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil, y penal para los casos más gra­ves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se cons­tate hayan ocultado deudas o impagos de la entidad o empresa pública, del órgano o administración de la que fueran responsables.

13.t El Gobierno del Estado tendrá poderes efectivos de coordinación de las comunidades autónomas (CCAA) similares a los que la Unión Europea tiene frente a sus Estados miembros.

13.u Supresión de todas las duplicidades entre el Estado, las CCAA y los ayuntamientos, eliminando todos los entes regionales del tipo consejos Económicos y Sociales, agencias de Pro­tección de Datos, Órganos de defensa de la competencia, agencias meteorológicas, institutos de estadística y oficinas comerciales y delegaciones en el exterior. Reducción drástica del número de entes dependientes de las administraciones (agencias, observatorios, empresas, fundaciones…), dejando los imprescindibles con evaluación y control público de sus actividades, presupuestos y deudas.

13.v Simplificación de las Administraciones estableciendo módulos comunes en función de su tamaño y organización, siguiendo criterios objetivos de población, políticas públicas, ex­periencia comparada y mejora de la eficiencia.

13.w Despolitización de la Administración Pública para que sea profesional, estable, simplificada, evaluable y eficiente.

13.x Desarrollo de la administración electrónica, simplificando las trabas burocráticas que penalizan a ciudadanos y empresas.

13.y Eliminación progresiva de todas las tarjetas ciudadanas administrativas  que han ido surgiendo promovidas por diputaciones, ayuntamientos, Gobierno Vasco o sus entidades dependientes o participadas, y sustituirlas por el uso del DNI electrónico y la tarjeta de residencia. Promover los convenios que sean necesarios con el Gobierno de España para todos los usos posibles del DNI electrónico en lo que se refiere a las competencias de las diferentes administraciones vascas.

13.z Evaluación periódica obligatoria de todas las políticas públicas, para las que se fijarán previamente objetivos con indicadores claros. Las que no cumplan los objetivos serán modificadas o suprimidas. La evaluación será una información públicamente acce­sible, sistematizada y generada de forma regular.

13.a.a Profesionalización y despolitización del empleo público con el fin de evitar el abu­so de la libre designación para cubrir puestos de cargos directivos y técnicos, limitando por Ley el número máximo de personal eventual, profesionalizando el puesto de directi­vo público. No podrá usarse el sistema de libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica

13.a.b Desmontar la parafernalia e infraestructuras establecidas alrededor del Gobierno Vasco que intentan mimetizar la comunidad autónoma a un Estado independiente: eliminación de las delegaciones en el exterior (“las embajadas” vascas); desafectación del palacio de Ajuria Enea como residencia oficial del Lehendakari; traslado a las oficinas centrales del Gobierno Vasco (Lakua) y disminución de los servicios de presidencia (lehedakaritza); y nueva modificación de la ley 7/1981, de Gobierno, para eliminar los últimos privilegios de los exconsejeros y exlehendakaris en materia de pensiones y de los lehendakaris en materia recursos humanos y medios materiales y económicos puestos a su disposición tras su cese.
14. LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

14.a Impulsar la aprobación de una Ley Municipal que fije definitivamente las competencias a asumir por las corporaciones locales y acometa la tarea de reformar y modernizar la estructura de nuestra Administración Local.

14.b Esta ley debería recoger el objetivo de la autonomía municipal, fundamentada en la autosuficiencia financiera, en plena contradicción con las políticas clientelares y de dependencia respecto de las diputaciones forales.

14.c Esta ley debería facilitar la unión de los municipios más pequeños disminuyendo de este modo gasto superfluo y trabas administrativas, con el objetivo de servir mejor y de manera más eficiente a los ciudadanos.

14.d Esta ley debería posibilitar la presencia de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas, a fin de establecer la participación en la distribución de los fondos generados por la tributación concertada.
15. UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE

15.a Mejorar la preparación de los jueces y funcionarios para garantizar una Justicia de calidad, con independencia de si las sentencias se dictan en euskera o en castellano.

15.b Aumentar los medios humanos y materiales con los que cuentan los distintos estamentos judiciales para cumplir con su cometido, procurando una Justicia ágil y cercana a los ciudadanos.

15.c Potenciar la modernización e informatización de la Justicia, mediante la implantación de medios y sistemas informáticos compatibles con el resto de Juzgados y Tribunales españoles.

15.d Retribución más justa a los abogados integrantes del “turno de oficio”, que permita a las personas con menos recursos tener acceso a los mejores profesionales y a la dedicación que requiere cada asunto.

15.e Potenciación de los servicios de protección al menor y de las oficinas de atención a las víctimas de delitos, con especial atención a las mujeres víctimas de la violencia de género y a las víctimas de los delitos de terrorismo.

15.f Impulsar la independencia y eficiencia de la Justicia, que debe quedar al margen de interferencias políticas y ser una vía para defender y potenciar otros valores y principios constitucionales, como la igualdad entre los ciudadanos, el respeto de los derechos fundamentales de las personas o la seguridad jurídica en el ámbito de las transacciones económicas.
16. CRISIS ECONÓMICA

16.1 Políticas de ahorro del gasto público superfluo y eliminación de duplicidades

16.1.1 Reforma y racionalización del entramado institucional vasco para eliminar duplicidades e ineficiencias, reforma de la Ley de Territorios Históricos, supresión de las Juntas Generales de los Territorios Históricos y de las Diputaciones Forales, fusión de los municipios más pequeños y supresión de aquellos entes, fundaciones o empresas públicas innecesarios.

16.1.2 Aplicar en todas las administraciones métodos presupuestarios que se inspiren en la filosofía del presupuesto base cero, en vez en la incrementalista.

16.1.3 Limitar el número máximo y tamaño de unidades administrativas, es decir, de consejerías, direcciones generales y personal de libre designación. Eliminar la figura de los viceconsejeros.

16.1.4 Limitar el número de automóviles oficiales, las dietas por representación y los teléfonos móviles en todos los niveles de la administración y de su sector público, reglamentando de forma objetiva las condiciones de uso de sus medios materiales.

16.1.5 Estudiar los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen los medios audiovisuales públicos, a fin de proponer su reforma y grado de redimensionamiento.

16.1.6 Establecer bandas salariales obligatorias por categorías para todos los funcionarios y altos cargos autonómicos o municipales, que tomen como referencia las remuneraciones de los niveles correspondientes en la Administración General del Estado cuando realicen la misma función en cualquier administración.

16.2 Financiación Autonómica

16.2.1 Supresión del sistema de Concierto Económico, con la consecuente eliminación del Cupo, para implantar un régimen común de financiación para todas las comunidades autónomas.

16.2.2 Inclusión de la CAPV en un sistema nacional de financiación simple y transparente que asegure una financiación per cápita similar en términos de población equivalente.

16.2.3 Corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que asumirán con sus tributos la obtención de recursos adicionales.

16.3 Administración Local

16.3.1 Impulsar la aprobación de una Ley Municipal que fije definitivamente las competencias a asumir por las corporaciones locales y acometa la tarea de reformar y modernizar la estructura de nuestra Administración Local.

16.4 Cajas de Ahorros y Sistema Financiero

16.4.1 Condicionar la concesión de ayudas públicas estatales, como el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), a la aceptación por parte de las comunidades autónomas y las cajas de ahorros de las reformas que se les requieran, incluyendo limitar las remuneraciones, incluidas las aportaciones a fondos de pensiones, e indemnizaciones por despido, cese o jubilación de los directivos en las entidades financieras públicas o que reciban ayudas públicas.

16.4.2 Reformas legislativas para que los consejos de administración de las cajas de ahorros, y de los bancos participados por éstas, estén integrados por consejeros de reconocida solvencia profesional y no por personas sin otra cualificación que proceder de la actividad política.

16.4.3 Prohibir prácticas abusivas como la concesión de préstamos en condiciones pre­ferenciales a los directivos o a los compradores de las viviendas que pertenezcan a la propia entidad.

16.4.4 Recuperar las ayudas públicas: si se contabilizan pérdidas al liquidarse los fondos de ayuda, las entidades financieras que los hayan utilizado tendrán que asumirlas con cargo a sus beneficios futuros.

16.4.5 Completar el proceso de saneamiento financiero, reconociendo la verdadera situa­ción de los balances, recapitalizando las entidades viables (con la ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF, si fuera necesaria) y liquidando las inviables.

16.5 Reforma fiscal y lucha contra el fraude

16.5.1 Elaboración de un Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal para el conjunto de Euskadi que refuerce los mecanismos de colaboración, coordinación e intercambio de información entre todas las administraciones tributarias (Diputaciones Forales, Agencia Estatal de Administración Tributaria y Comunidad Foral Navarra) que deberán contar con la suficiente dotación de medios materiales y humanos.

16.5.2 Impulso de una política fiscal basada en los principios de progresividad, justicia y solidaridad, que haga posible el principio general de que “pague más quien más tiene” y un sistema de servicios públicos de calidad.

16.5.3 Defendemos aquellas medidas de política fiscal dirigidas a favorecer el impulso de la actividad económica, el crecimiento del empleo, las políticas sociales y el sostenimiento del Estado del Bienestar.

16.5.4 Defendemos gravar más las rentas de capital hasta gravarlas del mismo modo que a las rentas del trabajo.

16.5.5 Defendemos iniciar al menos una reflexión acerca de determinadas deducciones lineales existentes en la declaración de la renta, deducciones que no tienen en cuenta los ingresos de cada contribuyente o unidad familiar.

16.5.6 Defendemos un Impuesto de Sociedades armonizado para Euskadi y para el conjunto de España y de Europa y la revisión de muchas de las deducciones actualmente vigentes en ese impuesto.

16.5.7 Defendemos la ampliación del plazo de prescripción de los delitos fiscales, el incremento de las sanciones tributarias y el aumento en el número de inspectores. Anualmente se hará público el total del fraude fiscal detectado y el número de contribuyentes que lo han cometido. Se estudiará la posibilidad de hacer pública la identidad de los mayores defraudadores.

16.5.8 Defendemos la realización de campañas que promuevan la corresponsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que sitúen el fraude como un comportamiento inadmisible que atenta contra el bienestar, el progreso y la dignidad de las personas.

16.5.9 Rechazamos contundentemente la aplicación de amnistías fiscales, éstas priman a los defraudadores e incentivan el fraude.

16.5.10 Supresión de todas aquellas figuras tributarias que propicien operaciones de ingeniería fiscal.

16.5.11 Priorizar el recorte de los gastos superfluos y la lucha contra el fraude fiscal al requerimiento de nuevas aportaciones fiscales de los ciudadanos, pues reducen el consumo de las familias y la inversión de las empresas alargando la crisis económica.

16.5.12 Reforma fiscal profunda que modifique el sistema tributario en su conjunto. El incremento de la recaudación deberá lograrse ampliando la base del sistema fiscal y simplificándolo, de forma que la mayor parte de la carga no recaiga como ahora sobre los trabajadores por cuenta ajena, y aumente la aportación de las rentas del capital. El objetivo también debe ser favorecer el crecimiento y la equidad.

16.5.13 Reducción y racionalización de los gastos o beneficios fiscales que disminuyen la recaudación tributaria. Muchos obedecen a la acción de grupos de presión, no están justificados y resultan ineficaces o distorsionadores.

16.5.14 El Impuesto del Patrimonio ha de reformarse para convertirlo en un tributo que grave las grandes fortunas, eliminando los numerosos mecanismos que hoy permiten la elusión fiscal. Deben de fijarse unos máximos y mínimos en los rasgos básicos del impuesto para toda España.

16.5.15 Armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cedido a las comunidades autónomas para evitar tratos discriminatorios y fenómenos de deslocalización, estable­ciendo un gravamen mínimo y un mínimo exento comunes a todas.

16.5.16 Las rentas del capital pasarán a tributar como los rendimientos del trabajo en el IRPF.

16.5.17 La estimación objetiva en régimen de módulos se permitirá exclusivamente en las ventas realizadas por comercios minoristas a consumidores finales.

16.5.18 Reforma de la estimación objetiva en régimen de módulos del IRPF para que se aplique en exclusiva a las operaciones cuyos destinatarios sean los consumidores finales.

16.6 Reforma laboral

16.6.1  Reforma del mercado de trabajo en profundidad: todos los nuevos contratos serán indefinidos y los temporales suprimidos, excepto para sustitución de bajas y empleos temporales justificados. La indemnización por despido aumentará progresivamente en función de la antigüedad. El nuevo modelo laboral permitirá a los nuevos trabajadores entrar en el mercado de trabajo como indefinidos con menor indemnización hasta convertirse en indefinidos con una indemnización alta, sin saltos bruscos. Esto aumentará la protección del trabajador medio e incentivará la formación dentro de la empresa.

16.6.2 Implantación progresiva del derecho a conservar las indemnizaciones por despido acumuladas al cambiar de empleo, facilitando así el cambio voluntario de puesto de trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas.

16.6.3 Desarrollar la contratación a tiempo parcial, haciéndola atractiva y competitiva.

16.6.4 Promover horarios más racionales, semejantes a los del resto de Europa, que faci­liten la conciliación de la vida familiar y laboral. Incentivar en las empresas la instaura­ción de sistemas de teletrabajo.

16.6.5 Mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación de parados, utili­zando los recursos liberados por el cese de las bonificaciones a la contratación indefinida.

16.6.6 Establecer sistemas de evaluación de la calidad y eficacia de los cursos de formación para desempleados.

16.6.7 Mejorar los servicios públicos de empleo aumentando los recursos de que dispo­nen, evitando su fragmentación territorial y promoviendo la colaboración privada.

16.6.8 Incrementar el control de la incapacidad laboral para evitar el absentismo injus­tificado, potenciando la lucha contra la economía sumergida y el cumplimiento de la legislación laboral. 16.6.9 Las inspecciones de trabajo se realizarán a cualquier hora del día y siguiendo la lógica de los horarios de trabajo sectores con mayor desprotección del trabajador. Estudiar la devolución de los servicios de Inspección del Trabajo a la Administración General del Estado.

16.6.10 Sindicatos y organizaciones empresariales deberán financiarse con sus propios re­cursos progresivamente, hasta prescindir en un plazo estipulado de los presupuestos públicos.

16.6.11 Exigiremos la estricta vigilancia de la política de prevención de riesgos laborales, para reducir la siniestralidad.

16.6.12 Fomentaremos las acciones tendentes a incentivar la movilidad geográfica, así como la reducción de trabas a la movilidad de los empleados públicos entre comunidades autónomas (movilidad interadministrativa).

16.6.13 Promoveremos programas de consumo responsable. En tal sentido, potenciaremos la utilización de energías más baratas y menos contaminantes.

16.6.14 Velaremos por el incremento de la competencia en el mercado interior mediante la supresión de trabas administrativas en sectores como el de taxis, transporte de viajeros y oficinas de farmacia.

16.6.15 Apoyaremos las iniciativas que supongan ventajas fiscales para las familias.

16.7 Políticas sectoriales: creación de empresas, industria, construcción, servicios

16.7.1 Eliminar los numerosos obstáculos y trámites injustificados que aún subsisten para la creación de empresas mediante la ventanilla única digital que permita realizar los trámites ante cualquier administración pública, reduciendo sustancialmente las cargas administrativas que soportan y el tiempo de constitución.

16.7.2 Garantizar la independencia de los órganos supervisores y reguladores de los mercados.

16.7.3 Diseñar una política industrial que no seleccione los sectores de futuro que han de cambiar el modelo productivo, sino que proporcione las condiciones favorables para que los empresarios puedan hacerlo.

16.7.4 Aumentar los recursos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) para po­tenciar la internacionalización de las empresas españolas, con especial atención a las Pymes.

16.7.5 Incentivos fiscales a la internacionalización de las Pymes utilizando plenamente las posibilidades que otorga el Reglamento 800/2008 UE.

16.7.6 Profundizar en la transposición de la legislación europea para aumentar la compe­tencia en el sector de servicios.

16.7.7 Diversificar la oferta turística hacia el turismo rural y cultural compatible con la conservación del paisaje y el medio ambiente, y la calidad de vida del vecindario de las zonas turísticas.

16.8 Política energética

16.8.1 Debate energético serio y riguroso que culmine con la elaboración de un Plan Energético Nacional, integrado en el contexto europeo.

16.8.2 Máximo desarrollo de las políticas de eficiencia energética y ahorro en la industria, los edificios, el transporte y en toda la cadena energética: desde el productor hasta el consumidor final.

16.8.3 Potenciar el desarrollo de las energías limpias y la transición a un modelo de eco­nomía bajo en carbono, disminuyendo la importación de combustibles fósiles.

16.8.4 Revisión de las subvenciones a las energías renovables considerando la amortiza­ción de la instalación y salida progresiva al mercado libre. Los costes de las renovables deberán ser compartidos por todos los sectores energéticos. Supresión de las subvencio­nes a la producción y consumo de combustibles fósiles.

16.8.5 Planificación y valorización de la producción energética descentralizada y de las fuentes de energía rurales de tipo agrícola y a pequeña escala (como el biogás) y promo­ción de las “ciudades inteligentes”. Fomento de la microgeneración (eólica y solar fotovoltaica) con la instalación de contadores reversibles para estos equipos.

16.8.6 Mantenimiento de la energía nuclear instalada y apertura de un debate transpa­rente, objetivo y riguroso sobre el riesgo y coste real de este tipo de energía.

16.8.7 Establecimiento de un mix o cesta energética de producción de energía eléctrica que permita la estabilidad del sistema de generación, transporte y suministro, y de la cobertura de las puntas de demanda, aplicando criterios medioambientales, de coste y de capacidad técnica. Todas las energías pueden integrarse en este mix energético nacional, incluyendo las aún poco desarrolladas, como la eólica de media potencia y la geotérmica.

16.8.8 Establecer un sistema de formación de precios de la energía claro y transparente.

16.8.9 Mejora y renovación de la red de distribución eléctrica para una integración efi­ciente de las energías renovables, el despliegue de las redes inteligentes e introducción de la medición digitalizada del consumo final con el fin de adaptar la generación al con­sumo.

16.8.10 Incrementar las interconexiones de gas y electricidad con el resto de Europa.

16.8.12 Apoyo mediante exención de tasas a los vehículos híbridos de bajo consumo y eléctri­cos. Establecer para estos últimos un plan de desarrollo de puntos de conexión rápida por toda España, liberalizando la venta de energía.

16.9 Nuevas tecnologías, comunicación y economía digital

16.9.1 Las administraciones públicas contribuirán al despliegue y sostenibilidad de las redes de telecomunicación de alta o muy alta velocidad en las zonas menos rentables para la inversión pri­vada, recurriendo a medios libres de cargas tributarias como: la compensación al sector de las telecomunicaciones de retornos obtenidos en las subastas del espectro radioeléc­trico (“dividendo digital”), y la eliminación de la obligación impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para la financiación de RTVE, haciéndoles partícipes del coste del despliegue de nuevas redes de manera proporcional y equilibrada.

16.9.2 Obligatoriedad de la preinstalación de infraestructura de telecomunicación en todas las obras de trazado o mejora viaria interurbana.

16.9.3 Impulso a la Administración Electrónica favoreciendo la interconexión entre todos los sistemas de las administraciones públicas. Concentración de infraestructuras y recursos.

16.9.4 Promover el voto electrónico en todas las convocatorias electorales una vez garantizada la seguridad y fiabilidad de los procesos de recogida y tratamiento de los datos así como la garantía del ejercicio libre, directo y secreto del sufragio.

16.9.5 Promover el uso prioritario de software libre en las administraciones públicas, especialmente en todos aquellos procesos donde el uso de sistemas bajo copyright suponga un coste al ciudadano en sus tratos con la Administración y el ejercicio de derechos fundamentales.

16.9.6 Reforzar legalmente la protección del ciudadano y de sus datos privados contra los abusos de las compañías en las políticas agresivas de captación telemática de clientes.

16.9.7 Aumento de la inversión en I+D+i, y en fortalecimiento del vínculo entre la investigación universitaria y las empresas, como factor del incremento de la productividad.

16.9.8 Apoyaremos todas las iniciativas tendentes a atraer la inversión extranjera directa hacia los sectores de media y alta tecnología.

16.9.9 Apoyaremos los programas que fomenten y capaciten a los ciudadanos para el emprendizaje.

16.9.10 Estimularemos el mejoramiento de la calidad de la educación y de la formación en el puesto de trabajo.

16.9.11 Como detractores del canon digital, apoyaremos la utilización de tecnologías y productos libre de derechos de propiedad intelectual, sin que esto signifique una falta de apoyo en la protección de intereses legítimos indebidamente vulnerados. No obstante, controlaremos la actuación de las sociedades de gestión de derechos con la finalidad de evitar abusos y dobles imposiciones injustas.
17. CONCIERTO ECONÓMICO Y CUPO

17.a Supresión de la disposición adicional primera de la Constitución Española que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al principio supremo de igualdad consagrado en la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio económico, prohibida expresamente por la misma.

17.b Derogación del Concierto Económico tanto en sus aspectos financieros como tributarios y la integración del País Vasco en el sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas.

17.c Hasta la consecución de estos objetivos que requieren modificar la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la Ley de Territorios Históricos, proponemos:

–       Traspasar las competencias tributarias de las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco, el cual debe basarse, a la hora de implantar el sistema tributario del País Vasco, en los principios de generalidad, igualdad y progresividad y no confiscación, contenidos en la Constitución Española, manteniendo un adecuado equilibrio entre el binomio equidad-eficiencia y una presión fiscal equivalente a la del resto del Estado, y debe también reforzar la lucha contra el fraude fiscal, por medio de diversas medidas tanto organizativas como legales.

–       Cambiar el carácter de ley de artículo único, tanto del propio Concierto Económico como de las Leyes de Cupo y eliminar la bilateralidad y opacidad que rodea las conversaciones y negociaciones, para pasar a un sistema multilateral dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de transparencia.

–       Suprimir el llamado “blindaje del Concierto Económico” o “blindaje de las normas forales tributarias”.

–       Realizar el cálculo los flujos financieros entre el Estado y el País Vasco –el Cupo y el ajuste por IVA- de forma que cumplan efectivamente con su función, es decir, cubrir el coste de los servicios prestados por el Estado por las competencias no asumidas por el País Vasco, entre las que se encuentran todos los mecanismos de nivelación y solidaridad interregional.

17.d En definitiva, se trata, mientras subsista este sistema de financiación, de cumplir el artículo 138 de la Constitución, que prohíbe privilegios económicos o sociales derivados de las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas.
18. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO (OPEs)

18.a Los gestores sanitarios (Directores Generales, Directores Médicos, Subdirectores…) de los hospitales, de los centros de atención primaria y de la organización central, deberán ser seleccionados según criterios de profesionalidad y otros méritos.

18.b Para un mayor control y transparencia de las contrataciones y nombramientos, se creará un comité independiente del que no formarán parte altos cargos o directores del Departamento de Sanidad y de Osakidetza. Dicho Comité evaluará a los aspirantes, sin conocer su identidad hasta el momento final de la entrevista personal. El Baremo de Méritos será público, profesional y transparente. Los resultados finales de las puntuaciones de todos los aspirantes serán objeto de publicidad, según el Baremo de Méritos.

18.c Ofertas Públicas de Empleo (OPE) más transparentes: a fin de evitar irregularidades, sobre todo pa a personal médico y titulados superiores sanitarios y no sanitarios, los Tribunales deberán ser supervisados, tanto en su selección como en el final del proceso de contratación, por una agencia independiente. Los cargos de Presidente y Secretario de dichos Tribunales no deberán recaer en personas con la condición de Directores o Subdirectores de los centros o de la organización central, sino en personal con solvencia técnica contratada, no ligado a la Administración Pública.

18.d Perfiles lingüísticos del personal sanitario y no sanitario: de acuerdo con nuestra política lingüística, las oposiciones a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), no pueden ser excusa para aceptar abusos, discriminaciones y ventajismos amparados en el uso del euskera como requisito excluyente o valoración excesiva que socave otros méritos académicos o profesionales.
19. DISCAPACIDAD

19.a Adoptar medidas que acaben con las diferencias entre CC AA, provincias y ayuntamientos en las normativa, prestación y atención a los discapacitados, así como arbitrar medidas eficaces para el control del gasto y del cumplimiento de los objetivos.

19.b Hacer partícipes a las personas discapacitadas y a sus asociaciones en el estudio, la propuesta de soluciones, la planificación y el seguimiento de todas las políticas dedicadas al colectivo.

19.c Creación de una Oficina Única de Atención al Discapacitado que informe y oriente a los usuarios sobre los servicios de valoración del grado de discapacidad y de dependencia, prestaciones y servicios, ayudas técnicas y ortoprotésicas, etc. Esta oficina contará también con un Servicio de Intermediación Laboral (SIL), en el que coordinadamente con Lanbide – Servicio Vasco de Empleo se informe de las posibilidades de formación y empleo.

19.d Revisar el catálogo de ayudas e incentivos al empleo ordinario, centros especiales de empleo y empleo autónomo, procurando su mejora y actualización.

19.e Promover servicios de asesoramiento destinados a las empresas, sobre todo a las PYMES, así como la elaboración de guías de orientación que ayuden a sensibilizar al empresario.

19.f Intensificar las inspecciones con el fin de hacer cumplir la cuota de reserva del 2% para discapacitados en las empresas con más de 50 empleados. En los procesos de negociación colectiva se tendrán en cuenta cláusulas específicas de cumplimiento e identificación de las actividades y los puestos de trabajo que pueden tener menos dificultades para su cobertura por personas con discapacidad.

19.g Prohibir por Ley que puedan contratar con el sector público o que puedan recibir subvenciones las empresas que, estando obligadas, incumplan la cuota de reserva del 2%.

19.h Respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad, consideramos imprescindible que se vigile el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas en la edificación, en los medios de transporte y en la comunicación. El cumplimiento de esta normativa debe comenzar desde la propia Administración, siendo inadmisible que sigan existiendo edificios públicos que todavía no hayan sido adaptados.
20. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

20a Garantizar la suficiencia financiera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), vinculando ésta al nuevo modelo de financiación autonómica y local, asegurando las cargas de las diferentes administraciones implicadas, y estableciendo criterios objetivos de reparto en las aportaciones, de modo que no sean fuente de desigualdad entre los ciudadanos por razón de residencia.

20b Homogeneización de las prestaciones y servicios, a través de un Catálogo Común de Prestaciones Básicas. El Consejo Territorial del SAAD deberá establecer sus contenidos y será el responsable de velar por su cumplimiento en toda España, con el objetivo de garantizar la igualdad de los ciudadanos en todas las comunidades autónomas.

20c  El Catálogo Común de Prestaciones Básicas deberá incluir un Catálogo General de Servicios Ortoprotésicos y un Catálogo General de Ayudas Técnicas. Ambas prestaciones deben ser dotadas de presupuesto suficiente mediante una partida específica, lo que permitirá disponer de una herramienta de control de la aplicación del gasto.

20d Reconocimiento de la figura del Asistente Personal, delimitando sus funciones y creando un perfil profesional, y creación de Centros de Vida Independiente, con financiación pública, pero gestionados por colectivos de personas con discapacidad.

20e Agilización de la tramitación de las solicitudes de servicios y prestaciones racionalizando la aportación de documentos, ya que la mayoría de los que se requieren obran en poder de las administraciones públicas.

20f  Las prestaciones deben orientarse a la necesidad real de los beneficiarios, a la promoción de la autonomía y la vida independiente, priorizando la prestación en servicios a las prestaciones económicas.

20g En aquellos servicios que no puedan ser prestados con los medios propios o concertados de la Comunidad Autónoma, se concederán prestaciones económicas a los familiares cuidadores de dependientes, verificando y fomentando su alta en la Seguridad Social, o en su caso prestación económica de asistencia personal para fomentar la autonomía y la vida independiente.

20h Establecimiento de un sistema de valoración de la calidad en la prestación de todos los servicios a la dependencia.

20i   Nueva normativa reguladora de la duración y contenidos de la profesión de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, exigiéndose a las empresas prestadoras del servicio que sus empleados cuenten con dicho certificado.

20j  Dignificación de los precios de referencia en los concursos públicos, estableciendo un baremo retributivo mínimo para toda la CAPV a respetar o, en su caso, mejorar por los distintos ayuntamientos, con objeto de que las cantidades fijadas no “obliguen” a las empresas a pagar a sus empleados por debajo del Convenio Colectivo.
21. MEDIO AMBIENTE

21.a Fomentar el ahorro en el consumo de agua en todos los sectores económicos (primario, industrial y servicios) y administrativos, a través de la aprobación de ordenanzas autonómicas y municipales para un uso eficiente del agua con políticas tarifarias escalonadas. Debemos promover campañas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua, dando ejemplo en las políticas municipales de uso de agua en jardines, limpieza de calles, piscinas, etc.

21.b En materia de Protección del Medio Ambiente, mejorar la eficacia de los Estudios de Impacto Ambiental de planes y proyectos, modificando la forma de su contratación a fin de evitar que los promotores intervengan en su elaboración. La calidad de estos informes puede favorecerse obligando a la participación pública en su elaboración, sin excepciones, y mejorando la publicidad del procedimiento mediante la inclusión de las memorias resumen y de las memorias ambientales en Internet, así como la creación de un sistema de alertas por correo electrónico que avise a todos los interesados del periodo de información pública de los proyectos.

21.c Establecimiento de sistemas coordinados de gestión de Espacios Naturales Protegidos con las comunidades autónomas limítrofes, definiendo territorios protegidos intercomunitarios de gestión compartida por las CC AA y con el Estado.

21.d En materia de Residuos Urbanos, se deben regular los mecanismos que obliguen a habilitar sistemas eficaces de recogida selectiva de la materia orgánica y fomentar el compostaje, debiendo descartarse todo nuevo proyecto de incineración o plasma como sistema de gestión de residuos, y planificar la eliminación de la incineración, incluida la utilización de cementeras u otro tipo de instalaciones industriales. Se debe insistir en las campañas educativas y de concienciación sobre una sana gestión de los residuos urbanos e industriales. Iniciar la minimización de la utilización de envases no retornables promoviendo sistemas de estandarización de envases y de su recogida para du reutilización.

21.e En materia de Agricultura y Medio Ambiente, se debe clarificar el papel de cada una de las sociedades públicas, semipúblicas, fundaciones… ligadas al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y someterlas a una auditoría. El entramado es tan enrevesado que un estudio encargado hace unos años por la Diputación de Álava a la Universidad del País Vasco no logró clarificarlo y constató la posibilidad de múltiples irregularidades.

21.f Proponemos la exigencia sin excepciones de las Evaluaciones de Impacto Ambiental para todos los parques eólicos terrestres y marítimos.

21.g En materia de Mares y Costas, es urgente la redacción de los planes de gestión que regulen el uso de los LIC (Lugares de Interés Comunitario) costeros, así como el fragmento de plataforma continental hasta los 50 m de cota batimétrica, tal y como lo demandan las Directivas comunitarias. Pero, sobre todo, debe protegerse el dominio público marítimo-terrestre de cualquier proyecto agresivo que se pretenda amparar en el interés general sin fundamento suficiente.

21.h En materia de Montes, se impone la ejecución de planes de restauración de los ecosistemas forestales de nuestra Comunidad Autónoma, recuperando su diversidad biológica, garantizando su gestión y conservación futura, mediante la sustitución en montes públicos de las plantaciones de coníferas exóticas por frondosas autóctonas.

21.i En materia de política industrial y de lucha contra la contaminación, proponemos realizar un inventario completo y realista, de acceso público, de las plantas que están utilizando sustancias químicas peligrosas, tanto las incluidas en listas de referencia como de otros contaminantes emergentes, que permitan el desarrollo de políticas de gestión que hagan posible un desarrollo industrial sostenible.

21.j Respecto a los proyectos de exploración y explotación de gas natural no convencional por medio de fractura hidráulica (fracking), compromiso de evaluación previa de impacto ambiental para todos y cada uno de los emplazamientos que se fijen, máxime cuando es la propia Administración quien participa en dichos proyectos. Compromiso de que los mismos parámetros serán utilizados tanto en la CAPV como cuando se actúe fuera de ella a través de empresas participadas por el Sector Público Vasco. Clarificación de costes y rendimientos energéticos globales de los proyectos y fijación de antemano límites de protección ambiental que no han de ser sobrepasados. Compromiso expreso de que no se promoverán cambios legislativos ad hoc para asegurar la rentabilidad económica de los proyectos.
GESTIÓN DE NUESTRAS INSTITUCIONES

22.a Habilitación al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para realizar recomendaciones vinculantes referidas a la gestión de los recursos públicos y a la contratación de personal al servicio de las administraciones públicas y de su Sector Público.

22.b Por otra parte, y con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos, propondremos el regreso a la técnica presupuestaria conocida con la denominación de “Presupuestos por Programas”, “Presupuestos Base Cero”, según la cual en cada presupuesto debe realizarse un análisis previo sobre la necesidad de los programas a desarrollar y que han sido heredados de ejercicios anteriores, sin haberse iniciado su ejecución.

22.c En la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAPV, de sus organismos autónomos y de sus entes y sociedades públicas se habilitará una herramienta informática accesible a través de Internet que permita conocer no sólo el título de cada partida y programa considerados, sino el destino concreto (mediante una explicación sucinta) de cada uno de ellos: lo que los consejeros del Gobierno Vasco responden a los parlamentarios cuando comparecen ante la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco y son interrogados sobre alguna partida o programa concretos.

22.d También en el mismo sentido, entendemos que es preciso conceder la importancia que tiene al debate de liquidación presupuestaria, toda vez que las cuentas han pasado la auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. La permanente inejecución de las inversiones, el exceso en el gasto corriente, la estimación interesada a la baja o la alta de los ingresos, la modificación en las asignaciones en el curso de la ejecución presupuestaria… desfiguran de tal manera el criterio parlamentario que su pormenorizado debate resulta plenamente exigible.
23. POLÍTICAS DE IGUALDAD

23.a Ley Nacional de Custodia Compartida de los hijos menores por ambos progenitores, op­ción preferente en separaciones y divorcios de modo que la custodia exclusiva sea excepcional, armonizando la regulación legal de la misma en toda España para garantizar la igualdad de dere­chos de todos los ciudadanos. La Ley de Custodia Compartida desarrollará:

  • el principio del interés superior del menor a continuar su vida cotidiana y su educa­ción con ambos progenitores y con sus respectivas familias.
  • las previsiones de la Carta Europea de los Derechos del Niño según la cual todo niño tiene derecho a gozar de sus padres, que tienen responsabilidad conjunta en su desarrollo y educación, y en caso de separación de hecho, legal, divorcio o nulidad, tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con ambos, y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que obliga a los Estados a respetar el derecho del menor a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo por interés superior del menor.
  • la responsabilidad compartida de ambos progenitores o coparentalidad, con la bús­queda de acuerdos en beneficio del menor y optando por la mediación frente al conflicto para desjudicializar al máximo los procesos de separación y divorcio.

23.b Fomentar la corresponsabilidad en las tareas de atención familiar de mujeres y hombres mediante el desarrollo de los servicios sociales, en especial de las escuelas infantiles y la atención a la dependencia, y en las empresas de horarios laborales y servicios que faciliten la conciliación. Impulsar la ampliación de los permisos parentales tendiendo a equiparar los de maternidad y paternidad para favorecer la igualdad de oportunidades laborales de hombres y mujeres, y el derecho de ambos progenitores a participar por igual en la crianza de los hijos.

23.c Apoyo al desarrollo de las políticas favorables a la igualdad de trato a personas homo­sexuales. En la petición de adopción de menores por parejas homosexuales, impulso de normas que garanticen la imparcialidad primando siempre el interés del menor.

23.d Igualdad en la asistencia integral a las personas con trastornos de identidad de género (transexualidad) en la sanidad pública de toda España.

23.e Mantener el porcentaje destinado a cooperación para el desarrollo (0,49 del presupuesto general del GV) y definir una ruta temporal para llegar al 0,7%, como se recoge en la Ley 1/2007, de 22 de febrero de cooperación al desarrollo.

23.f Lograr un alto nivel de coherencia en las políticas para el desarrollo de modo que ese compromiso sea asumido por la entidad pública en su totalidad, en el marco de un plan global que implique a los diferentes departamentos.
24. DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DERROTA DE ETA

24.a Mantendremos un discurso claro en lo que se refiere a la política antiterrorista y a la deslegitimización del terrorismo y las ideas totalitarias. Seguiremos defendiendo el Estado de Derecho, la legalidad vigente, las instituciones democráticas y la dignidad de la sociedad vasca. Seguiremos exigiendo justicia y la aplicación de todos los instrumentos del Estado de Derecho para lograr la disolución incondicional y la derrota definitiva de ETA, la entrega de las armas, la petición pública de perdón, el reconocimiento del daño causado y su colaboración con la Justicia ante los más de 300 crímenes que siguen sin estar resueltos. Seguiremos exigiendo la acción eficaz de los poderes del Estado de Derecho en todos sus términos y hasta la completa erradicación del terrorismo y sus secuelas del último rincón del País Vasco. Rechazamos contundentemente cualquier medida de gracia o amnistías de ningún tipo. Proponemos el cumplimiento estricto de la ley y del Código Penal. Proponemos que ningún preso etarra pueda acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario o plan especial de reinserción sin haber pedido públicamente perdón, haber condenado a ETA, haberse arrepentido de los crímenes cometidos y haber colaborado activamente con la Justicia al objeto de resolver y aclarar los más de 300 crímenes cometidos por la banda terrorista pendientes de resolver. Abogamos por un final de ETA sin impunidad, cambalaches antidemocráticos o medidas de gracia. Un final de ETA con dignidad, memoria y justicia.

24.b Reforma del Código Penal para calificar los crímenes terroristas como crímenes contra la humanidad, declarando así su carácter imprescriptible y su sometimiento a jurisdicción universal.

24.c Seguiremos insistiendo en todas las instancias posibles en la ilegalización de aquellos proyectos políticos incompatibles con la democracia patrocinadas por la banda terrorista ETA. Propondremos la modificación de la Ley de Partidos para evitar que los terroristas se aprovechen de los resquicios del Estado de Derecho para acabar con él desde dentro, en la línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


24.d
Cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas presos.

24.e Modificación del Código Penal para poder inhabilitar, o suspender automática­mente, a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incum­plan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que, mediante cualquier pu­blicación o declaración pública, se opongan a la observancia de las Leyes y resoluciones judiciales o inciten a su incumplimiento.

24.f  Penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista, tal y como ocurre en nuestro país con aquellos partidos políticos o asociaciones afines a la banda terrorista ETA que continuamente utilizan expresiones como presos “políticos” o violencia “política” para referirse a los miembros o a la actividad de la citada banda terrorista, como si sus crímenes no hubieran existido.

24.g Impulso del Mapa de la Memoria por parte del Gobierno Vasco, de modo que puedan realizarse homenajes a las víctimas del terrorismo en todos los municipios donde haya habido atentados con resultado de muerte.

24.h Impulso en la creación de un Centro de la Memoria que recuerde a las víctimas del terrorismo.

24.i Celebración anual de un Día de la Memoria que recuerde a las víctimas del terrorismo.