¿Tiene la Justicia miedo al PNV?

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Os cuento la situación procesal en la que se encuentra la denuncia de UPyD contra miembros del Gobierno Vasco por supuestamente vulnerar la ley de publicidad institucional de Euskadi y financiar, de ese modo, a medios de comunicación afines al PNV.

1. El día 14 de julio de 2014, un servidor, presenta denuncia tras haber encontrado, en su labor de control al Gobierno Vasco, campañas de publicidad institucional que no eran tal sino pagos a medios de comunicación afines al PNV (el Grupo Noticias) por la realización de trabajos habituales de un medio de comunicación: en total se denunciaron 9 contratos por importe de 93.070 € (IVA incluido).

2. El 28 de julio, UPyD como partido político, presenta escrito para personarse como acusación popular en el caso de la compra de noticias.

3. El 29 de julio, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vitoria admite a trámite la denuncia y solicita la práctica de determinadas diligencias de prueba: básicamente, que el Gobierno Vasco remita toda la documentación de los contratos a los que se hace referencia en la denuncia. La magistrada, no se sabe por qué motivo, no pide información de 3 de los 9 contratos denunciados.

4. El 10 de octubre, un servidor, en comparecencia ante los medios, denuncia públicamente que ha encontrado nuevos casos de noticias pagadas que, junto con los previamente denunciados, afectarían ya a todos los Departamentos del Gobierno Vasco y que sumarían todos ellos un importe total de 233.460,25 euros (IVA incluido), anunciando al mismo tiempo que se aportarán al Juzgado los documentos probatorios de ello. UPyD comienza a preparar el escrito de ampliación para aportar los nuevos casos (en este escrito también se va a solicitar que la magistrada requiera la documentación de los 3 contratos obviados en su Auto de 29 de julio).

5. El 6 de noviembre, antes de presentar la ampliación por los nuevos casos, y ante el retraso del Juzgado en dar cualquier tipo de información sobre la marcha de la instrucción (algo poco habitual, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido), UPyD presenta escrito pidiendo que se le facilite copia íntegra de la documentación que haya ido llegando al Juzgado. El Juzgado no contesta a esta petición (y a día sigue sin hacerlo).

6. El 21 de noviembre, sin haber resuelto el escrito de UPyD de 6 de noviembre, la magistrada dicta un Auto inhibiendo su competencia para investigar los hechos en favor del Juzgado de Instrucción nº 4. Este escrito es anómalo por muchos motivos: por la argumentación, por un lado, y por el momento en el que llega, por otro, pues no existe nada que hubiese impedido a la magistrada inhibirse en julio (cuando se admitió la denuncia), en lugar de esperar a noviembre para hacerlo. Vista esta situación, decidimos no presentar el escrito de ampliación hasta que sepamos definitivamente qué juzgado va a instruir la causa. Tampoco nos oponemos a la inhibición, no nos importa quién instruya el caso, sino que se haga, y que se haga con la máxima celeridad posible.

7. El 18 de diciembre, el Juzgado nº 4 de Instrucción de Vitoria dicta Auto rechazando la inhibición, devolviendo la documentación al Juzgado nº 3, y señalando que asuma la instrucción o bien eleve el asunto al superior jerárquico de ambos para que resuelva cuál de ellos es el competente.

8. Y así estamos a mediados de enero de 2015, esperando a saber quién va a instruir la causa. Esta situación, ya de por sí anómala porque conocer el juzgado competente en un caso como este no debería ser en absoluto problemático, lo es más si cabe por el tiempo que ha pasado desde la admisión a trámite de la denuncia (julio de 2014). Es del todo extraño que, habiendo pasado casi 6 meses desde la apertura de diligencias previas, ni siquiera se sepa quién va a instruir el caso. Ni nos han dado la documentación que pedimos en el escrito de 6 de noviembre, ni hemos podido presentar la ampliación de hechos con los nuevos contratos, básicamente, porque no sabemos ante quién presentarlo.

Otros casos de los que el Gobierno Vasco no aporta información a UPyD supondrían otros 83.249 euros (IVA incluido), totalizando 316.709,25 €.

La inhibición de la magistrada es insólita y planteó para ello una excusa absolutamente peregrina (sospechamos que decide inhibirse por la trascendencia y la gravedad de los hechos). No nos consta además que exista informe del fiscal, lo cual, 6 meses después de interpuesta la denuncia, es extraño. Nos encontramos ante unos hechos de extraordinaria gravedad. Por ellos, miembros del Gobierno Vasco podrían llegar a ser finalmente imputados. Incluso el Lehendakari Iñigo Ukullu podría ser finalmente señalado, como máximo responsable de la acción del Gobierno Vasco. Los delitos podrían suponer penas de prisión para los condenados. Estamos hablando de posible financiación fraudulenta a medios de comunicación afines a un determinado partido político que hoy gobierna Euskadi (el todopoderoso PNV). Los posibles delitos son fraude a las Administraciones Públicas, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Da la sensación de que nadie quiere hacerse cargo de un procedimiento que puede acabar con medio gobierno vasco imputado, ya que las pruebas de una gestión presuntamente fraudulenta son importantes y porque los delitos a que pueden dar lugar pueden llegar a suponer penas de prisión. No queremos pensar que se esté presionando a la Justicia para diluir el tema o darle de un modo u otro carpetazo. Queremos que se sepa la verdad, que se recupere el dinero de los ciudadanos vascos y que se haga Justicia: es todo lo que pretendemos. La pregunta que nos hacemos, habida cuenta el transcurrir del procedimiento es: ¿tiene la Justicia miedo al PNV? Esperamos que no y que todo pueda aclararse cuanto antes.