UPyD pregunta a la Comisión Europea qué medidas piensa tomar contra la discriminación lingüística de Bildu

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Por más que se pusieran la careta de partido legal, Bildu no ha logrado engañar a nadie (salvo a los que desde el principio estaban dispuestos a dejarse engañar). Tampoco lo han intentado demasiado. En cuanto se hicieron con el poder en San Sebastián y en la Diputación de Guipúzcoa pusieron en marcha su agenda totalitaria, gradual pero empecinada. Hace algunos días negaron a una empresa la posibilidad de acceder a un concurso público porque no tenían jefes de obra que hablaran euskera. El eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner ha denunicado esta situación en una pregunta a la Comisión Europea instándola a abrir una investigación y a tomar medidas ante una decisión que contraviene la normativa europea. También el Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados ha preguntado al Gobierno español por las medidas que piensa tomar contra este “apartheid lingüístico”.

Texto de la pregunta trasladada por el diputado europero de UPyD Francisco Sosa Wagner a la Comisión Europea

Discriminación lingüística en las licitaciones públicas

La Diputación foral de Guipúzcoa es una Administración local española que tiene la condición de “poder adjudicador” según la Directiva europea 2004/18, de 31 de marzo, que regula la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios. Recientemente, los órganos de dicha Diputación han acordado que será requisito indispensable para concurrir a los concursos públicos convocados para la adjudicación de contratos acreditar en la documentación que se presente, junto a la oferta de la empresa, que los directivos conozcan perfectamente el idioma vascuence. En concreto, hace unos días la portavoz de dicha Diputación anunció que una empresa ya había sido excluida de la licitación de la convocatoria del “contrato de servicio de asistencia a la dirección de las obras de la variante de la GI-632”, que conecta los municipios de Beasain y Bergara, cuya cuantía supera los dos millones de euros. La empresa no había acreditado que “dos personas de la dirección de la obra dispongan el título EGA u otro equivalente” que acredita el suficiente conocimiento del vascuence.

Es sabido que el artículo 2 de la citada Directiva impone como principios de la adjudicación de los contratos “un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia”.

Teniendo en cuenta que en el ámbito territorial de esa Administración local los idiomas oficiales son el castellano y el vascuence y que, además, resulta cada vez más frecuente por parte de las empresas presentar la documentación en otras lenguas europeas, me interesa conocer la opinión de esa Comisión europea con relación a los siguientes aspectos:

1º.- ¿No considera la Comisión europea que la Diputación foral de Guipúzcoa infringe el Derecho comunitario europeo al discriminar a las empresas por motivos lingüísticos?

2º.- ¿No cree la Comisión europea que tales medidas impiden la unidad de mercado, el mercado común europeo, al levantar barreras discriminatorias entre los empresarios?

3º.- ¿Abrirá la Comisión europea una investigación? ¿Adoptará alguna medida para que se cumpla la normativa europea?

Gorka Maneiro (UPyD): “La política lingüística de Bildu tiene un nombre: es fascismo”

Fuente: upyd.es

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