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La Ley vasca, respetuosa con la legislación básica, no ha impulsado suficientemente la despolitización y la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas. Es cierto que las cajas vascas han estado mejor gestionadas, pero este hecho no debería haber impedido que nuestra ley llegara mucho más lejos en lo que se refiere a estos propósitos fundamentales. Nosotros propusimos que el ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno fuera incompatible, no sólo con el de todo cargo político electo, sino también con quienes lo hubieran sido en los 10 años anteriores; que se garantizara no sólo la profesionalización y la transparencia en la elección, composición y funcionamiento de los órganos de gobierno sino su independencia de los partidos políticos; mejorar el régimen de incompatibilidades económicas y la transparencia de directivos y representantes que desarrollen actividades en más de una entidad; ser más exigentes en lo que se refiere a las causas de inelegibilidad para el nombramiento y de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración; que todos los vocales del Consejo tuvieran conocimientos suficientes; elevar las exigencias relativas a la preparación y a la experiencia del director general; entre otras. Ninguna de las propuestas fue aceptada. Y tal cosa evidencia las (malas) intenciones de sus impulsores.

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