Supresión de las multas lingüísticas.

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Empezaré recordando que el día 27 de mayo de 2010 (hace 20 meses) tuvimos que presentar una iniciativa urgente para pedir al Gobierno Vasco la supresión de las multas lingüísticas… porque el Gobierno no se había enterado de que ya estaban en vigor. A la vista de aquella propuesta nuestra, el Gobierno dictó un decreto para posponer (que no suprimir) la aplicación de las multas lingüísticas, con el argumento de que “la realidad sociolingüística no permite la imposición de sanciones”. Un año después, el 3 de junio de 2011, y comprobado que el Gobierno continuaba mirando a las musarañas, UPyD presenta una nueva iniciativa para solicitar una solución definitiva y no meramente coyuntural al tema de las multas lingüísticas: porque no bastaba con posponer las multas sino que hacía falta derogar el Decreto de 2008 y modificar la ley para eliminarlas definitivamente. Y un día antes de que se debatiera en Pleno, esto es, el 15 de junio de 2011, el PSE, rueda de prensa y cobertura mediática mediante, procede a presentar la Proposición de Ley para modificar varios artículos de la Ley, lo que hoy hemos debatido en Comisión.

Conviene recordar que a día de hoy están en vigor todas las obligación lingüísticas recogidas en la ley y, por tanto, sus correspondientes sanciones, pues el régimen sancionador, por culpa de este perezoso Gobierno, está plenamente vigente. Así, podemos decir que la vagancia de este Gobierno hace que gran número de empresas estén ahora incurriendo en responsabilidades y posibles sanciones, pues el Ejecutivo López, ¡casi tres años después!, sigue sin derogar ni las obligacione lingüísticas ni las multas. Estos datos nos permiten decir que el Gobierno ha estado también en este asunto desaparecido o fuera de cobertura… y a remolque, por cierto, de las iniciativas impulsadas por UPyD en materia de libertad lingüística.

Centrándonos en la PDL que hoy hemos debatido, ésta no cuestiona la existencia de obligaciones lingüísticas a empresas privadas… sino que únicamente pretende suprimir las sanciones, lo cual está bien pero es insuficiente. Habría que eliminar no sólo las sanciones sino también las obligaciones lingüísticas recogidas en la ley.

Por otro lado, es llamativo que el fundamento de esta PDL sea distinto al fundamento del Decreto de 2010 que pospuso un año las sanciones. En aquel decreto se justificaba la moratoria en la aplicación de las sanciones en la “realidad sociolingüística” del País Vasco; sin embargo, esta PDL de hoy la justifica el Grupo Socialista en que las multas podrían ser contraproducentes y provocar rechazo hacia el euskera (¿y si no fueran contraproducentes?). Como digo, lo correcto no es eliminar sólo las multas lingüísticas sino eliminar tanto las multas lingüísticas como las obligaciones lingüísticas. Lo coherente sería derogar el Decreto 123/2008.

UPyD parte de dos premisas: por un lado, nos oponemos a la existencia de las obligaciones lingüísticas (no existe el derecho a que un comercio responda al consumidor en euskera), no sólo a sus sanciones; por otro lado; las obligaciones lingüísticas de las entidades públicas pueden estar justificadas, no así las de las empresas privadas. Obligar a empresas privadas y comerciantes a utilizar el euskera en el desarrollo de su actividad económica supone una injerencia del Estado en el ámbito privado de las personas contrario al principio de libertad de empresa. Es un despropósito absoluto tratar de imponer el euskera a golpe de medidas coercitivas, excesos, multas, sanciones, presiones e imposiciones. Y supone una vulneración de los derechos ciudadanos.

Para terminar, mostramos nuestra satisfacción por la próxima eliminación de las multas lingüísticas pero denunciamos el retraso (¡3 años le va a costar a este gobierno eliminarlas!). Por lo demás, insistimos en que las obligaciones lingüísticas como tales siguen vigentes y no se eliminan porque este gobierno tiene muchos miedos y todos los complejos.

2 Comentarios

  1. Sake
    | Responder

    A mi no me importa en el idioma que me hables, a mí lo que me importa es entenderte y que me entiendas.

  2. Anonymous
    | Responder

    El euskara no lo hablan ni un millón de personas; el castellano, casi 250 millones. La administración vasca autonómica tiene el DERECHO y el DEBER de proteger el euskara. Una protección que debe hacerse desde el sentido común y desde el raciocinio, por supuesto. Pero sin dejar de lado la situación actual. No podéis pedir que la Administración deje al libre albedrío a un idioma que es símbolo de identidad de una parte muy importante de la Comunidad donde estais viviendo. Repito que DESDE EL SENTIDO COMÚN y desde una base racional, hay que apostar por el euskara y verlo como una riqueza cultural que nos engradece a todos, vascos y no vascos, nacionalistas y no nacionalistas.
    Un mensaje.

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