MONTESQUIEU NO LEVANTA CABEZA.

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Finalmente se han puesto de acuerdo y han llegado al primer pacto de Estado en los últimos 5 años: el PSOE y el PP han finiquitado la renovación del Consejo General del Poder Judicial y asegurado su control. Tal como nos recuerda la prensa diaria y clarifica especialmente EL PAÍS, “el primer pacto Zapatero-Rajoy consolida la división ideológica de la institución”.


Esperanzadora y refrescante consideraba un servidor la convocatoria para el día de la Constitución realizada por UNIÓN, PROGRESO y DEMOCRACIA, en Madrid, el año pasado, bajo el lema “Corta los hilos. Por la independencia de la justicia”. El gráfico que anunciaba el evento explicitaba casi más que el propio manifiesto la reivindicación que a día de hoy debe recordarse, recogiendo firmas si es preciso: que los jueces no sean manejados al antojo de los dos grandes partidos españoles… y los nacionalistas.

Repitámoslo: UPyD viene a exigir una verdadera separación de poderes que garantice que los jueces que un día puedan juzgarnos no trabajen para el gobierno de turno ni sean delegados de los partidos políticos. De ninguno de ellos. Se trata de eliminar las intromisiones de los partidos en el poder judicial y, de paso, la constante manipulación de la fiscalía del Estado en beneficio del partido gobernante. La reciente maniobra finalmente acordada, además de indignante para la ciudadanía de a pie que termina alejándose del contubernio político, supone el absoluto deterioro de las instituciones democráticas y su credibilidad. Ciertamente, la igualdad ante la ley es un principio de vigencia muy discutible en nuestro país, y esto es así gracias a los viejos e insaciables partidos contrarios a cambios que perjudiquen sus intereses. Podrían haber propuesto modificaciones y mejoras en distintas legislaturas pasadas, pero ninguno ha querido hacerlo nunca. Y eso que la autonomía de la justicia y la separación de poderes no son reclamaciones de derecha o de izquierda, sino principios generales que comparten los partidarios del verdadero progreso, huérfano hoy día mientras se multiplican la demagogia y las poses electoralistas. Parece evidente que estos objetivos exigen una reforma desacomplejada de la Constitución que logre reforzar la autonomía de jueces y tribunales y garantice la independencia de la justicia, restaurando las previsiones originales de la Carta Magna que encomendaban a los jueces la elección de sus representantes. Parece urgente restaurar los principios pervertidos por malos desarrollos legislativos, como el que alteró la elección del Consejo General del Poder Judicial, dando a los partidos representados en las Cortes la potestad de nombrar a los magistrados. Un bochorno que se debe y se puede cambiar.

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